MEXICO. El gobierno federal activó por primera vez un «alerta de género» por casos de violencia sistemática contra las mujeres y de impunidad ante estos crímenes en 11 municipios que concentran más de la mitad de los asesinatos y desapariciones de mujeres del Estado de México, en el centro del país.
Este mecanismo de emergencia conlleva la activación de distintas medidas —todavía no anunciadas oficialmente— para intentar prevenir e investigar a fondo los casos de feminicidios y desapariciones en lugares concretos.
La herramienta se creó en 2007 pero aunque las organizaciones sociales habían pedido activarlo en 13 estados, en algunos casos desde 2008, nunca se había puesto en práctica debido a «prejuicio, miedos» y motivos políticos, explicó el miércoles Maria de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, uno de los colectivos solicitantes.
«Es algo histórico que va a generar precedentes para que este mecanismo sea más ágil y se garantice la vida y el acceso a la justicia de las mujeres», dijo.
Estrada añadió que el gobierno federal «ya se ha comprometido, no hay vuelta atrás» pero lamentó que las autoridades tardaran cinco años en aprobar su petición tras un largo proceso jurídico y que en ese tiempo los asesinatos, las desapariciones y la impunidad continuaran.
La Secretaría de Gobernación decretó el alerta el martes tras analizar un informe de un grupo multidisciplinar de funcionarios federales que constató la «existencia de violencia sistemática contra las mujeres», un «contexto de impunidad y permisividad» ante estos crímenes, un «agravio comparado» por el hecho de que las víctimas sean mujeres y un «conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social».
Estos problemas se concentran de manera especial en 11 municipios del Estado de México, aledaño a la capital.
De 2005 a 2011 el Estado de México estuvo gobernado por el actual presidente Enrique Peña Nieto, y desde entonces a la actualidad por Eruviel Avila, ambos miembros del Partido Revolucionario Institucional.
Los funcionarios federales que elaboraron el informe trabajaron, fundamentalmente, con los datos que la fiscalía estatal proporcionó al Observatorio pero subrayaron la falta de estadísticas claras sobre el tema, entre otros motivos, porque el feminicidio no estuvo tipificado en todo el periodo de estudio y porque tal tipificación sufrió modificaciones.
No obstante, el documento habla de más de 1.700 los casos homicidios dolosos de mujeres de 2005 a 2014 y de 4.281 desapariciones de mujeres y niñas —la mayor parte de las veces jovencitas de 15 a 17 años— de las cuales 2.632 aparecieron con vida, 95 muertas y de 1.554 no se sabe nada.
Estrada subrayó la importancia de que el documento destaque la impunidad que se da en el Estado de México hacia esos crímenes que en la mitad de los casos no han sido investigados. «Hay negligencia, hay omisión y hay obstrucción de la justicia» por parte de las autoridades locales y estatales, añadió.
Afirmó es un primer paso muy importante que por fin el gobierno federal lo reconozca y sea prioridad en su agenda.
Para Rodolfo Domínguez, abogado de la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, otra de las organizaciones que solicitó la alerta, casi más importante que los datos es «la forma en que las mujeres desaparecen o son asesinadas con saña». En algunos casos salen a comprar algo por la noche y no regresan y sus cuerpos se localizan fragmentados o tirados en cualquier parte.
Estrada destacó que también hay que analizar el contexto de los crímenes y desapariciones que a veces tienen que ver no solo con redes de delincuencia común sino con crimen organizado y casos de trata de personas.
La Secretaría de Gobernación estudia ahora las medidas a poner en marcha por la alerta de género. Estrada confía en que las autoridades acepten el grueso de las propuestas del Observatorio que, entre otros puntos, exige la depuración policial en los 11 municipios, equipos multidisciplinares —y no solo policías— que investiguen los motivos y formas de actuación de los criminales, e informar a los ciudadanos para que estén prevenidos.
También piden una «investigación exhaustiva» de casos concretos con especial atención al Río de los Remedios, un lugar donde se encontraron restos que ahora deben analizarse para ver cuáles son de animales y cuáles de personas porque, de acuerdo a los datos de Estrada, ahí podría haber unas 30 mujeres.
Para los familiares de las víctimas la declaración de alerta de género es positiva aunque para muchos llegue tarde. Es el caso de Irinea Buendía, cuya hija fue asesinada por su esposo, un policía estatal del Estado de México en 2010. Las autoridades locales y estatales nunca investigaron a su yerno y dijeron que su hija se había suicidado. Finalmente se comprobó que no fue así. El caso llegó hasta la Suprema que en marzo de 2015 dijo que hubo irregularidades y obstrucción a la justicia.
«Todas las carpetas de investigación se hacen con las patas», sentenció Buendía que ahora confía en que se forme a verdaderos expertos para atajar estos crímenes.
