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La Sala Constitucional de Costa Rica condena requisa anal a un reo

San José.- La Sala Constitucional de Costa Rica condenó al Estado porque policías penitenciarios le practicaron una requisa anal a un privado de libertad sin su consentimiento, lo que fue considerado por los magistrados como un «trato cruel y degradante».

La sentencia, de la que Efe tiene una copia, tiene fecha del 31 de julio, pero el caso salió a la luz hoy.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio en la cárcel La Reforma, la más importante de Costa Rica, y la víctima fue Roberto Maya Rosales, recluido en el ámbito de máxima seguridad del centro penal, donde cumple una sentencia de 56 años por secuestro y asesinato.

Según la resolución de la Sala Constitucional, máximo órgano jurídico del país, el prisionero sufrió una requisa anal practicada por policías con el objetivo de encontrar supuesta droga oculta en su recto.

El 17 de junio los oficiales penitenciarios realizaron requisas de rutina en la prisión, pero como Maya Rosales se opuso a la revisión de su celda fue trasladado a una oficina donde estaban tres policías más.

En ese lugar lo desnudaron y uno de los oficiales se puso guantes, tocó sus partes íntimas e introdujo sus dedos en el recto, mientras todos reían, de acuerdo con la acusación del reo.

Posteriormente, de acuerdo con Maya Rosales, lo dejaron en ese lugar por un lapso aproximado de 15 minutos y después lo regresaron a su celda, pues en la requisa no se decomisó nada.

La sentencia señala que si bien se pueden realizar exámenes corporales a los presos, «en este caso no solo no se contó con la presencia de un perito o un médico, ni el amparado fue llevado a un centro hospitalario para realizarla, sino que la prueba se realizó en medio de varios oficiales, lo que constituye a todas luces no sólo un acto contra el pudor de la persona, sino un trato cruel inhumano y degradante, contrario a la normativa».

Para los magistrados, «el examen debió practicarse por el médico del Centro, en las condiciones debidas para garantizar su integridad, salud y dignidad personales».

Los magistrados advirtieron a las autoridades penitenciarias «que no deben incurrir en actos similares» o podrían recibir sanciones penales.

Además, se le condenó al Estado al «pago de las costas, daños y perjuicios por los hechos» denunciados, aunque el texto no precisa el monto.