MEXICO (AP) — Policías federales detuvieron la madrugada del martes al alcalde Iguala y a su esposa, señalados por las autoridades de estar detrás de un ataque que derivó en la desaparición de 43 estudiantes, informaron funcionarios mexicanos. El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en Ciudad de México en una operación en la que no se realizó ningún disparo, dijeron a The Associated Press dos funcionarios federales mexicanos bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.
Ambos fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la capital mexicana, donde rinden declaraciones sobre la desaparición el 26 de septiembre de los estudiantes de magisterio de la Normal Superior de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. La detención de la pareja podría arrojar luz al paradero de los jóvenes.
Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policial municipal y posterior intervención de un grupo de narcotraficantes, que derivó en la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes. En una conferencia el 22 de octubre, el procurador general Jesús Murillo Karam dijo que la intención del ataque del 26 de septiembre fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva. Karam ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores. Murillo ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes de los Guerreros Unidos, una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero: Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.
El procurador detalló que los Guerreros Unidos entregaban con periodicidad variable, semanal y mensual, entre 2 y 3 millones de pesos (entre 150.000 y 222.000 dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
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