Washington.- La CIDH criticó hoy que las medidas tomadas por la República Dominicana ante las denunciadas violaciones al derecho a la nacionalidad van «en una dirección distinta» de la que marca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y pidió explicaciones al Gobierno de Danilo Medina.
En una audiencia pública de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió una respuesta «inmediata» del Estado dominicano a las observaciones que el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió tras su visita a República Dominicana el pasado diciembre.
En esas observaciones, la CIDH consideró que el problema en República Dominicana se ha «agravado» debido al fallo emitido el pasado septiembre por el Tribunal Constitucional, que niega a los hijos de extranjeroindocumentados esa condición y que la Comisión considera «discriminatorio».
Uno de los siete miembros de la CIDH, Felipe González, lamentó que el Gobierno de Medina no haya respondido a dichas observaciones y que, en su exposición de hoy en la audiencia, la representante del Estado hiciera hincapié en que se está tratando de solucionar el problema mediante «un plan de regularización de extranjeros».
«No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad (dominicana) se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento a sus derechos», subrayó González.
«El estado está tomando una serie de medidas, pero van en una dirección distinta a la que ha señalado la Comisión Interamericana en sus observaciones preliminares y de lo que ha sido la jurisprudencia del sistema interamericano», agregó.
En el mismo sentido, la comisionada Rosa María Ortiz reconoció que el Estado «está haciendo un gran esfuerzo en muchísimos sentidos pero no vemos que esos esfuerzos sean en la dirección correcta, en la dirección que marca el sistema interamericano» y en la que han dispuesto «comisiones de Naciones Unidas desde hace más de 10 años».
La principal representante del Estado dominicano en la audiencia fue la encargada del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, Rhadys Abreu de Polanco, quien respondió a los comisionados que el Gobierno respondería «por escrito» a sus inquietudes tras la audiencia.
Abreu de Polanco también expresó su «preocupación por las reiteradas convocatorias de audiencias temáticas para tratar este tema» por parte de la Comisión, que ya «tuvo la oportunidad de tratar de manera directa todos los temas de esta tarde» durante su visita ‘in loco’ a la República Dominicana.
La representante insistió en que, a través de la Junta Central Electoral, ya se ha realizado un inventario del número de extranjeros inscritos en el registro civil del país, tanto de manera regular o irregular.
La insistencia en ese argumento fue denunciada por los peticionarios de la audiencia como «un indicio de que no existe voluntad política en el Estado dominicano de resolver el problema», en palabras de Natanael Santana, director del Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL).
Entre los peticionarios de la audiencia se encontraba Juliana Deguis, una ciudadana descendiente de haitianos que fue retenida por las autoridades dominicanas cuando se disponía a viajar a Washington para asistir a la audiencia debido a su falta de pasaporte, algo sobre lo que la comisionada Ortiz pidió más información al Estado.
