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Wilson Camacho aclara Código Penal entra en vigor este 5 de agosto

En lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Camacho explicó que las disposiciones correspondientes entrarán en vigor en noviembre, tras un período de vacatio legis de tres meses establecido por el Congreso Nacional. Según indicó, ese plazo se concdedió para que las empresas, instituciones y demás entidades sujetas a la normativa puedan adecuar sus estructuras internas. Además, fortalecer sus mecanismos de cumplimiento, revisar sus procesos de control y adoptar las medidas necesarias. Medidas para ajustarse a las nuevas exigencias legales antes de que comiencen a aplicarse las sanciones previstas

Santo Domingo, República Dominicana. – El director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho aclaró que el nuevo Código Penal entra en vigencia este miércoles 5 de agosto, cuando se cumple un año de su promulgación, y como dispone la Ley 44-26 que modifica varios de sus artículos.

En lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Camacho explicó que las disposiciones correspondientes entrarán en vigor en noviembre, tras un período de vacatio legis de tres meses establecido por el Congreso Nacional. Según indicó, ese plazo se concdedió para que las empresas, instituciones y demás entidades sujetas a la normativa puedan adecuar sus estructuras internas. Además, fortalecer sus mecanismos de cumplimiento, revisar sus procesos de control y adoptar las medidas necesarias. Medidas para ajustarse a las nuevas exigencias legales antes de que comiencen a aplicarse las sanciones previstas

Camacho sostuvo que la Ley 74-25 representa una de las reformas más importantes del sistema penal dominicano en las últimas décadas. Al robustecer el Estado de derecho y modernizar la política criminal del país. Destacó que la legislación incorpora más de 70 nuevos tipos penales con el objetivo de responder a formas de criminalidad que no estaban adecuadamente reguladas. Fortalecer la persecución de delitos complejos y establecer mayores niveles de responsabilidad tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. En consonancia con los desafíos actuales en materia de transparencia, cumplimiento normativo y protección del interés público.

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