Vicepresidenta Raquel Peña juramenta a Magín Díaz como ministro de Hacienda

Tras juramentar al ministro de Hacienda, Magín Díaz, la vicepresidenta Raquel Peña afirmó que la República Dominicana continuará por el camino del crecimiento y el desarrollo. Además, disfrutarán de una macroeconomía sana.

La funcionaria calificó la designación de Díaz como un acto de continuidad, rigor y transparencia por parte del presidente de la República, Luis Abinader.

Durante el acto de juramentación, celebrado en el despacho ministerial, la vicepresidenta destacó la amplia experiencia del nuevo titular de Hacienda. También reconoció el valioso trabajo realizado por el ministro saliente, José Manuel (Jochi) Vicente, durante casi cinco años.

Al tomar posesión del cargo, el nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, destacó su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación. Su objetivo es seguir fortaleciendo la estabilidad económica de la República Dominicana.

El destacado economista es ingeniero industrial, especializado en Finanzas Públicas y Macroeconomía. Fue designado ayer por el jefe del Estado como ministro de Hacienda mediante el decreto núm. 386-25.

Mientras, el ministro de Hacienda saliente, Jochi Vicente, se mostró confiado en que esa institución queda en buenas manos por la trayectoria profesional de su sucesor. A quien le manifestó todo su respaldo.

Trayectoria profesional

El ministro Magín Díaz cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. Su experiencia abarca tanto a nivel nacional como internacional.

Fue subsecretario de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. En el Ministerio de Hacienda fungió como viceministro de Política Fiscal y de Crédito Público. Allí se consolidó como una de las figuras técnicas clave en procesos de reforma y negociaciones con organismos internacionales.

Ocupó el cargo de director general de Impuestos Internos durante el cuatrienio 2016-2020. Además, ha trabajado como asesor y consultor de varias instituciones públicas nacionales, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial y para los gobiernos de El Salvador, Honduras, Belice y Uruguay.