Santo Domingo, RD. – Desde el pasado viernes está en poder de la jueza Giberty Polanco, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, el expediente contra los 38 acusados de formar parte de la supuesta red transnacional, desmantelada mediante la Operación Discovery.
Al estilo de las mafias italianas, integrando a la familia, operaba la «Red Criminal en Call Center» desmantelada mediante la Operación Discovery, en Santiago por el Ministerio Público. También el FBI y otros organismos investigativos de Estados Unidos.
La mayoría de los miembros de la red los han deportado de Estados Unidos, y son pertenecientes a la banda Los Trinitarios.
La información añade que estos también cuentan con prontuario delictivo registrado en varios Estados de Norteamérica.
La supuesta red tenía múltiples formas de captar recursos, mediante el robo de identidad, el chantaje y la extorsión, según relata el Ministerio Público.
Mediante el uso de tecnología computacional los procesados se dedicaban a identificar perfiles de personas residentes en Estados Unidos y República Dominicana.
De ese modo, esta red se dedicaba a estafarlas a través de llamadas telefónicas, amenazas y hasta propuestas de negocios.
El blanco de público preferido por los encartados son personas con edades entre los 65 años, retirados, con solvencia económica. Además figuras públicas influyentes en la política y en los medios de comunicación.
En un documento de 298 páginas el Ministerio Público, relata de manera detallada todos los delitos supuestamente cometidos por los 60 imputados.
Imputados Operación Discovery movilizaron más USD$100 millones
El Ministerio Público estableció que la red criminal apresada durante la Operación Discovery habría logrado estafar a víctimas con alrededor de 100 millones de dólares.
Según el expediente acusatorio, con que las autoridades están solicitando medidas de coerción, las víctimas son ciudadanos norteamericanos, en su mayoría mayores de 60 años.
“En el caso específico de esta investigación, la parte agraviada son ciudadanos de Estados Unidos, quienes, a través de la Embajada de Estados Unidos, solicitaron cooperación internacional. A los fines de identificar a los responsables de estafar decenas de víctimas y enriquecerse por más de cien millones de dólares (USD$ 100,000 000.00)”, explica el documento judicial.
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