El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, calificó de acertada la decisión del Gobierno de rescindir el contrato que creaba el peaje sombra en la autopista Nordeste.
Sin embargo, cuestiona que la importante vía sea administrada mediante un fideicomiso.
Lorenzo habló tras inaugurar la Escuela de Liderazgo Avanzado, a través de la cual serán implementados diplomados y talleres basados en principios éticos, morales y espirituales.
Recursos para pagar fin contrato “peaje sombra” estaban presupuestados
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reveló que el Gobierno ya tenía presupuestados los recursos que pagará para poner fin al contrato de la Autovía de Samaná, cuyo “peaje sombra”, drenaba anualmente las arca del Estado.
Según informó la vicemandataria los 410 millones de dólares que conllevará la consumación de este acuerdo, serán pagados con recursos que ya se tenían contemplados; no se incurrirá en nuevos préstamos.
Raquel Peña aseguró la negociación se traducirá en beneficio económico para el país.
Por su lado, el vocero de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, calicó la decisión como un paso trascendental.
A la fecha el Estado ha pagado más de 26,835 millones de pesos y estaba pendiente de pagar otros 1,900 millones de dólares hasta la finalización del contrato pautada para el 2038.
Apoyan anuncio fin del peaje sombra en autopista nordeste
Personalidades de la provincia Samaná manifestaron estar a favor del anuncio del presidente Luis Abinader, de poner fin al contrato del peaje sombra.
El alcalde de Santa Bárbara dijo que la noticia mantiene a la población feliz y esperanzada.
Sobre todo, porque las inversiones y obras llegarán para el despegue del turismo en esta zona, dijo Nelson Núñez.
Mientras, Juan José Morales Cisnero y Santiago Piña Escarlante solicitaron al Gobierno eliminar el decreto 654 2011, que impide que dueños de terrenos hagan inversiones.
Es decir, dentro de 200 metros lineales y la entrada en funcionamiento del Puerto Juan Pablo Duarte.
Claro esta, después que el Estado pague la suma de US$ 410 millones de dólares para finalizar el contrato.
El Estado dominicano se ahorraría 1,500 millones de dólares con este acuerdo fijado para el primero de enero de 2022.
