El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha emitido una orden para notificar mediante acto de alguacil al presidente de la República Dominicana, al Ministerio de Defensa, al Estado dominicano y a los altos mandos que conforman el Estado Mayor.
Esta notificación tiene como fin que respondan a los términos de una demanda en daño patrimonial interpuesta por el incumplimiento de una sentencia definitiva que ordenó el reintegro al Ejército del coronel Pedro Julio Goico Guerrero mediante un recurso de amparo en el año 2021.
El presidente del TSA, Diomede Villalona, ordenó citar al jefe del Estado, Luis Rodolfo Abinader Corona, y al ministro de Defensa en el auto número 11973-2023. También se ha ordenado notificar a todos los oficiales que conformaron e integran el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el cual está compuesto por varios altos oficiales, incluyendo el ministro de las FFAA, el comandante de la Armada Dominicana, el Comandante General de la Fuerza Aérea, el Inspector General de las Fuerzas Armadas y el consultor Jurídico del MIDE en calidad de secretario del Estado Mayor, entre otros.
El motivo de esta demanda en daño patrimonial solidaria es que, según el coronel Pedro Julio Goico (Pepe Goico), los oficiales y el Presidente de la República se han negado por intereses desconocidos a ejecutar una sentencia definitiva que le favoreció desde hace más de dos años.
El desacato a sentencias definitivas de los tribunales ha sido señalado por la defensa del excoronel como una práctica recurrente por parte de los gobernantes e instituciones del Estado, incluido el actual gobierno de corte democrático.
El tribunal también ha ordenado que la Procuraduría General Administrativa presente sus escritos de defensa sobre el fondo del recurso y los incidentes pertinentes al caso en un plazo de 30 días.
El coronel Pedro Julio Goico lamenta que el presidente Luís Abinader y el consultor jurídico Antoliano Peralta Romero, junto con otras dependencias del gobierno central, estén obviando deliberadamente las sentencias definitivas de los jueces, lo que lo ha llevado a presentar una demanda por más de 100 millones de pesos como responsabilidad patrimonial solidaria.
