Santo Domingo, RD. – La jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, se reservó el fallo de la prórroga de cuatro meses que solicitó el Ministerio Público para concluir la instrumentación de la acusación en contra de los implicados del caso denominado operación Calamar.
Para verificar minuciosamente los señalamientos del Ministerio Público y de la defensa de los imputados, la magistrada se reservó el fallo para el mes de febrero.
Que el Ministerio Público presente acusación y finalice el caso, es la petición de algunos de los abogados de los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y demás presuntos implicados en el desvío de unos 19 mil millones de pesos descubierto mediante la operación Calamar.
Mientras que, el Ministerio Público manifestó que el plazo es solicitado porque hay instituciones que faltan por remitir información.
Será el viernes 9 de febrero en horas de la mañana que el tribunal emitirá el fallo.
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Imputados caso Calamar
El Ministerio Público puso en marcha la operación Calamar en marzo de 2023. Con este operativo se efectuaron 40 allanamientos y el apresamiento de 15 de los 20 implicados.
A la fecha, a la mayoría se le impuso arresto domiciliario y quienes cumplían prisión preventiva han logrado la variación de la medida coercitiva.
En este expediente, el órgano acusador imputa a los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Además, al abogado Ángel Lockward, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda. Además, al ex encargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Todos acusados de integrar una red de corrupción que desfalcó al Estado con más de 17 mil millones de pesos mediante expropiaciones irregulares de terrenos.
