Santo Domingo, RD.- El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, valió cinco nuevos acuerdos de imputados en el caso Medusa con el Ministerio Público y aplicó dos criterios de oportunidad.
Otros cinco imputados en el caso Medusa pusieron fin a su proceso penal por corrupción al arribar acuerdos con el Ministerio Público, en los que reconocen su culpabilidad aceptan las condenas y entregan bienes al Estado.
Al validar los acuerdos, el juez Amaury Martínez, el Tercer Juzgado de Instrucción, condenó a Cesarión Morel Grullón y la Constructora Morel Grullón a 1 año y 6 meses de prisión suspendida, quedaron comprometidos a testificar, se ordenó la cancelación su registro mercantil y deberá entregar un terreno de más de 6, 500 metros cuadrados.
Igualmente, Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International fueron condenados a 3 años de prisión suspendida. Los mismos deberán testificar, se le cancelará su registro mercantil y deberán entregar equipos a la PGR por valor de 500 mil dólares.
Mientras que José Alberto Abbott Brugal, Distribuidora Ropi, Hilda Cristina Jackson, Ropalma, Rossanna Vianela Pimentel y Comercial Viaros deberán pagar una multa de 722 mil 744 pesos. También se le cancelará su Registro Mercantil.
El Ministerio Público decidió aplicar un criterio de oportunidad a Giselle del Carmen Molano y Felipe Armando Fernández De Castro. El mismo por entender que no fue preponderante su participación en el entramado de corrupción que habría estafado al Estado. Este con más de 6 mil millones de pesos, a través de la Procuraduría General de la República.
Los convenios de las partes oficializadas por la corte consistieron en criterios de oportunidad y penal abreviado. La admisión de estos acuerdos constituye el final del proceso para estos encartados.
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Sobre el proceso de caso Medusa
Este proceso preliminar pudo realizarse en un tiempo récord de un mes, escuchando un resumen de las acusaciones, conociendo los argumentos de las partes. También abreviar muchas de las partes protocolares. Sin embargo, la decisión del magistrado Martínez fue dar el tiempo que requirieron las partes, especialmente los abogados litigantes. Los mismos pusieron en práctica una estrategia de dilatar la decisión final, que ahora se ha dado a conocer.
