Santo Domingo, RD.- En este momento trasladan hacia el Distrito Nacional desde la cárcel de Najayo en San Cristóbal a Alexis Medina Sánchez y compartes, luego de que juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la variación de la medida de coerción a implicados en expediente Antipulpo.
Más temprano los abogados de la barra de la defensa se quejaban de que a cuatro días de la disposición del juez, no se producía del dictamen del tribunal.
Luego de la espera traen al Distrito Nacional a imputados en caso Antipulpo
El jurista Fernando Rosa, José Miguel Minier expresó que era preocupante que no se hubiese producido la liberación de su defendido. Denunció que el Ministerio Público sigue colocando obstáculos para retrasar la salida.
El jurista explicó que desde el miércoles habían cumplido con todos los trámites legales para lograr el cumplimiento de la decisión del Tribunal.
Abogado de Fernando Rosa calificó de abuso de poder el retraso de la salida de imputados de cárcel. Asimismo jurista Carlos Salcedo manifestó, se las exigencias han dificultado que sus clientes salgan en libertad.
“Ha habido una serie de requerimientos, dificultades con el Ministerio Público derivados de que han Cambiado algunas reglas del juego. Porque hay que entender que se trata de una paliza de RD$ 60 millones de pesos cosa que no ocurre con frecuencia. Estos han exigido incluso la certificación ordinaria de la Superintendencia de Bancos que acompaña la póliza
Sobre el Caso
Se recuerda cuando los detuvieron en noviembre del 2020, los 10 ex funcionarios y testaferros, según el Ministerio Público destruían y ocultaban evidencias. Además intimidaban a testigos y hacían movimientos financieros orientados a ocultar estados financieros injustificados.
De acuerdo al expediente, Juan Alexis Medina Sánchez, dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del expresidente Danilo Medina. Refieren que a través del tráfico de influencias, crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes.
“Recibían pagos de miles de millones de pesos del Estado, por medio de operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas”, manifestó.
