Santo Domingo,RD.- Empleados de Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) denunciaron que atraviesan una situación límite que ya no solo constituye un conflicto laboral, sino una crisis humana que amenaza la estabilidad de decenas de familias en Bonao.
El grupo de trabajadores los desahuciaron el pasado 2 de marzo y, tras haber transcurrido el plazo de 10 días que establecen las leyes laborales, la empresa aún no ha efectuado el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos.
Los trabajadores aseguran que, desde octubre de 2024, permanecen atrapados en un “limbo laboral” que los ha dejado sin certezas. También sin protección efectiva y con sus derechos vulnerados, mientras sus reiterados llamados a las autoridades no han recibido respuesta concreta.
Denuncian que los han excluidos de procesos de liquidación. También de pago de prestaciones que sí beneficiaron a otros empleados anteriormente, lo que consideran una violación al principio de igualdad. Como es de conocimiento público. Esto bajo el marco de la instrucción del presidente Luis Abinader y a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en la persona de su presidente el señor José Florentico, más de 900 trabajadores los desvincularon en 2024. Además recibieron sus prestaciones mediante la venta de activos de la empresa.
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El grupo restante
Sin embargo, el grupo restante, que también debieron desvincular con los fondos disponibles, no ha recibido el pago de sus prestaciones y derechos. El mismo quedando en una situación de abandono institucional y sin respuesta de Falcondo, el FONPER y las autoridades del Gobierno. El monto adeudado asciende a 300 millones de pesos.
En ese contexto, hicieron un llamado firme a que se respete el fuero sindical. También la libertad sindical de los dirigentes del sindicato de trabajadores de la Falconbridge (Sutrafado), cuyos derechos fundamentales están amparados por la legislación laboral y los convenios internacionales.
Pese a haber agotado las vías formales, incluyendo comunicaciones dirigidas a las autoridades nacionales y locales, los trabajadores afirman que la falta de respuesta ha profundizado la crisis social que hoy vive Bonao.
“Esto no se trata solo de empleos, se trata de dignidad, de familias que hoy no saben cómo van a salir adelante”, expresaron.
Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado urgente al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de la Presidencia, a la gobernadora de Monseñor Nouel, licenciada Adela Tejada. También al alcalde de Bonao, doctor Eberto Núñez; al senador Héctor Acosta; a los diputados Nolberto Ortiz, José Antonio Fabián y Orlando Martínez. Además de las demás instituciones competentes, para que actúen sin más dilaciones. También para que acudan en auxilio de las familias afectadas. Además de garantizar que la empresa minera Falcondo cumpla con el pago íntegro de todos los derechos laborales, tanto de los trabajadores como de los dirigentes sindicales. También el respeto pleno al fuero y la libertad sindical.
“Cada día de silencio institucional agrava una situación que ya es insostenible. Bonao y su gente necesitan respuestas ahora”, concluyeron.
