Las autoridades han detenido a 74,755 personas y 67,020 vehículos de motor; además registraron 391,662 personas y 339,985 vehículos
Por Raúl Germán B.
@RaulGermanB
Santo Domingo, RD.- El estado de emergencia, que ha provocado la COVID-19, ha traído una gran crisis a la República Dominicana, jamás vista, por lo menos en los últimos 50 años.
Esta situación ha generado que se limite la circulación y el desenvolvimiento habitual de los negocios, razón por la cual han bajado las recaudaciones.
Pero no todo ha sido tan adverso para el Gobierno, porque poco o mucho, como se pueda ver, el toque de queda generó, solo en pago de multas casi 100 millones de pesos, desde abril hasta diciembre.
Así que el pueblo, aparte de que casi lo ha perdido todo, le toca pagar multas, que van desde RD$1,000 hasta RD$100,000, aunque este cobro se produce por desobedecer las nuevas reglas, impuestas por las autoridades.
Los transeúntes que violen las medidas deberán pagar RD$1,000; los motociclistas RD$2,000; una persona que se desplace en un vehículo RD$5,000 y una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión RD$2,000.
Un bar, restaurante o un centro o espacio de diversión, así como una fiesta privada que viole las medidas implicará una sanción de RD$100,000.
El propietario o responsable de un autobús que transporte personas será sancionado con RD$50,000; el de un vehículo de carga RD$30,000 y el de una gallera RD$100,000.
Cuando el cúmulo de faltas exceda los RD$100,000, “en ningún caso el monto no precisado podrá ser inferior a RD$100,000”.
En el trimestre octubre-diciembre, las unidades de los cuerpos armados del Ministerio de Defensa (MIDE) y la Policía Nacional, que actúan en retenes y patrullan en todo el país para controlar la movilidad ciudadana por el toque de queda, detuvieron 74,755 personas y 67,020 vehículos de motor, además registraron 391,662 personas y 339,985 vehículos.
Los reportes servidos por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del MIDE indican que en octubre se registraron 138,800 personas y se detuvieron 28,788; en noviembre 126,317 registrados y 23,014 atrapados y en diciembre 126,545 registrados y 22,953 detenidos.
El promedio diario de personas detenidas fue de 813, y el de autos 728. Los detenidos y registrados suman 391,662, por lo que el promedio diario de personas revisadas es de 5,69. En el caso de los vehículos detenidos, sumadas las dos categorías, son 339,985, para un promedio diario de 4,423 vehículos revisados.
Sobre vehículos de motor (motocicletas y autos) en octubre se registraron 119,466 y se detuvieron 24,960; en noviembre fueron 103,398 vehículos y se capturaron 20,212. En diciembre, se detuvieron 21,848 y se registraron 117,121.
En todo el país, se montan diariamente 117 retenes para el toque de queda, y van a la calle 43 patrullas con 143 militares.
Esta responsabilidad es compartida por agentes de la Policía; también participa personal de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digessett) y de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Pública (Comipol), entre otros.
La Procuraduría General de la República informó que a esa dependencia ha ingresado un monto de RD$92,655,290 por sanciones impuestas a personas y negocios que violentan las disposiciones sanitarias.
De esos RD$92.7 millones, un total de RD$6.4 millones ingresaron en abril; RD$13.6 millones en mayo; RD$8.4 millones en junio; RD$1.9 millones en julio; RD$6.9 millones en agosto; RD$8.8 millones en septiembre; RD$11.8 millones en octubre; RD$13.5 millones en noviembre y RD$21.3 millones en diciembre.
Ya varios especialistas en Derecho, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) instó a las autoridades judiciales a revisar las sanciones y multas que han comenzado a aplicar a violadores del toque de queda.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la entidad, indicó que no ha quedado claro el método para determinar o atribuir el monto de las multas por infringir el toque de queda, lo cual no se sustenta en un poder normativo, de acuerdo con lo que establece la legislación sobre la materia.
En ese mismo orden, los abogados penalistas Julio Cury y Aneuris Mercedes coincidieron en que la Procuraduría General de la República no tiene potestad sancionadora para imponer multas a los ciudadanos que violenten el toque de queda y las demás medidas sanitarias.
Legisladores, también, se han pronunciado, como el caso del diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, quien rechazó que se apliquen multas a ciudadanos que violen el toque de queda para prevenir la propagación del coronavirus en la República Dominicana.
En una publicación en su cuenta de Twitter, el joven político manifestó que no puede estar de acuerdo con una sanción de naturaleza penal, que no sea el resultado de una ley.
El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, hizo un llamado de alerta a las autoridades del Gobierno central por la forma agresiva en que agentes de la Policía Nacional atentan contra ciudadanos, a los cuales se les ha limitado el derecho a la libre circulación con las restricciones del toque de queda.
Otro que se pronunció sobre el tema fue Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, quien acotó que son ilegales las multas que cobra la Procuraduría a violadores toque de queda, y que contravienen la Ley que regula los Estados de Excepción y la Constitución.
Así mismo, Dary Terrero experto en la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la República Dominicana, agregó que estas multas no pueden sustentarse en la Ley de Salud, ya que ella no plantea eso en sus textos.
“Lo que se podría es adecuar la Ley 63-17, en el entendido de que es un asunto que compete a violaciones de circulación, no de hechos vinculados con la salud, aunque esto pueda influir en el aumento de los casos de la COVID-19. Esta ley contempla sanciones, pero no por circular a una hora tal en un día x; por lo que habría que adecuarla para tales fines”, argumentó.
Terrero sostuvo, a través de su cuenta de Twitter, que las multas deben ser aplicadas de acuerdo con el artículo 281, sobre régimen sancionador de la ley y pagadas a través del Banco de Reservas para mayor transparencia en el manejo de los recursos recaudados, bajo este concepto.
En ese sentido, explicó que conforme a la ley los fondos recaudados por las multas son administrados en un 75% por la Procuraduría General de la Republica, para el mantenimiento de las cárceles del país y un 25% por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para sus operaciones.
El influencer Jonathan Abreu Sosa, mejor conocido como “Pío la Ditingancia”, subió un video a las redes sociales, donde dijo: “Abinader, qué fue lo que el pueblo dominicano le hizo a usted; cuál fue la maldad. Todas esas multas; qué te hizo el dominicano. Votaron por usted para tener el control del país. Oiga eso, todas esas multas, como que un dominicano le mató un familiar a usted. Al contrario, nosotros lo subimos a usted para que gobierne ‘vacán’, y mira, dizque cobrando multas, sin nadie hacerle nada a usted, Abinader”.
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