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Terrero favorece ley «antidiscriminatoria» a favor de personas afectadas Sida

Víctor Terrero

Santo Domingo, República Dominicano.- El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavhsida), Víctor Terrero, favoreció una ley «antidiscriminatoria» que garantice los derechos de las personas vulnerables, entre ellas las afectados con el VIH.

El funcionario también urgió a los legisladores modificar la ley 135-11 sobre VIH y Sida para dejar sin efecto los artículos 78 y 79, que penalizan con cárcel la transmisión del virus en algunos casos.

Terrero ofreció sus consideraciones en el seminario ‘Protegiendo los derechos humanos, combatiendo la discriminación y abordando el VIH/Sida en personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género’, realizado por la Cámara de Diputados y el grupo Acción Mundial de Parlamentarios.

En la República Dominicana «estamos librando una ardua lucha por detener y prevenir el estigma y la discriminación en perjuicio de las personas con VIH y de los grupos vulnerables, pero necesitamos fortalecer el marco legal», dijo.

El funcionario denunció la persistencia del estigma y la discriminación en diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellos la salud, la educación y el laboral, práctica que afecta la dignidad de las personas.

Estudios recientes señalan que en la República Dominicana el 17,2 % de las personas con VIH y Sida perdió su empleo, un 20 % se vio forzada a cambiar su residencia debido a su condición, a un 8,4 % le le negaron servicios de salud y un 25% ha reportado violaciones a sus derechos humanos, sostuvo Terrero.

El funcionario aseguró que «esa realidad discriminatoria hace imposible el disfrute de sus derechos y oportunidades para un amplio conjunto de personas y grupos en la sociedad dominicana, con el agravante de que una sociedad que excluye y discrimina no tiene una aceptable calidad democrática».

«La epidemia del VIH impacta a aquellas poblaciones más vulnerables y en las que más se desconocen sus derechos humanos», afirmó. El director del Conavihsida favoreció el acceso a los servicios de salud sin limitaciones a los grupos vulnerables, especialmente los gays, lesbianas, travestis y transexuales.

«Muchas veces el personal de salud no sabe tratar a personas cuya sexualidad no se inscribe en las relaciones heterosexuales, y en el caso de las personas trans, la discriminación implica que se niegue su identidad de género, la que eligieron, atentando contra su acceso al sistema de salud», opinó.

Terrero citó entre los retos pendientes para hacer más efectivos los programas de salud, detener la homofobia y transfobia. Sostuvo que la discriminación aleja a las personas del sistema de salud.

«La prevención, atención y apoyo en VIH y Sida sólo pueden encararse eficazmente si se reconoce la dignidad y la diversidad de todas las personas», apostilló el funcionario, quien agregó que los estados «han excluido a las poblaciones en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas, programas y prácticas de salud, lo que ha hecho más complejo los escenarios de prevención y atención».

Terrero recordó que el ordenamiento jurídico nacional consigna y reconoce la dignidad humana y el derecho a la igualdad en los artículos 38 y 39 de la Carta Sustantiva, en la Ley 135-11 sobre VIH y Sida.

«Existe una relación directa entre la protección de la salud y la protección de los derechos humanos o, inversamente, entre los peores índices de salud y violación de derechos humanos», indicó.

Terrero fundamentó su propuesta de modificación de la nueva Ley 135-11 en que esos artículos son violatorios de los derechos de las personas con VIH y Sida.

El artículo 78 de esa pieza obliga a las personas con VIH a comunicar su condición de salud a las personas con las que vaya a sostener relaciones sexuales, a riesgo de ser condenadas de 2 a 5 años de prisión, en tanto el artículo 79 establece una pena de 20 años a las personas que transmitan el VIH «de manera intencional».

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