Permitidas relaciones homosexuales en Policía y Fuerzas Armadas

El Tribunal Constitucional declaró no conformes con la Constitución las disposiciones que penalizaban la sodomía o el concúbito entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, al entender que estas normas violaban derechos fundamentales.

La decisión se adoptó mediante la sentencia TC/1225/25, emitida tras una acción directa de inconstitucionalidad promovida por Anderson Javiel Dirocie De León y Patricia Santana Nina.

Las normas cuestionadas -artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional (Ley 285-66) y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas (Ley 3483-53)- contemplaban penas de seis meses en adelante para oficiales y de dos a seis meses para alistados que incurrieran en relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Estas disposiciones provenían de estructuras disciplinarias anteriores a la Constitución vigente y mantenían un enfoque sancionador contrario al principio de dignidad humana.

Con esta declaratoria, el Tribunal entiende que ya no es posible castigar la orientación sexual dentro de los cuerpos castrenses, pues no existe fundamento constitucional para restringir la vida privada de los miembros de la institución. La sentencia se convierte en un precedente directo en materia de derechos fundamentales para los uniformados, eliminando un marco jurídico que habilitaba la discriminación por orientación sexual.

Discrepancia interna qabrió otro debate

La decisión contó con el voto disidente de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, quien argumentó que los artículos cuestionados ya no estaban vigentes y, por tanto, no debían ser objeto de control constitucional. Según la jueza, el Pleno partió de una premisa errónea: asumir vigencia normativa donde a su juicio ya había derogación tácita.

Vásquez Acosta sostuvo que el control concentrado exige la existencia de normas vigentes que produzcan efectos jurídicos, y que no corresponde anular lo que el ordenamiento jurídico ya habría dejado sin efecto. Sin embargo, la mayoría del Pleno consideró que los artículos aún generaban incertidumbre normativa y que era necesario un pronunciamiento explícito para eliminar cualquier posibilidad de sanción.

El fallo despeja un vacío que por décadas generó interpretaciones dispares en los organismos disciplinarios, al tiempo que armoniza el marco disciplinario con la Constitución de 2010, que prohíbe toda forma de discriminación. La sentencia reafirma que la orientación sexual no puede constituir falta ni delito dentro de las instituciones del orden público.