Santo Domingo, RD.- El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, presidido por el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, concluyó una significativa audiencia pública este viernes, en la que abordó ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad. Estos casos, que afectan diversas leyes y sentencias, quedaron pendientes de fallo.
Durante la sesión, celebrada en la sede principal del tribunal, se examinaron los expedientes más destacados, comenzando con el TC-01-2024-0023. Este expediente fue presentado por Félix Enmanuel Castillo Díaz-Alejo, quien impugnó el artículo 24 de la Ley 10-15, que modifica la Ley 76-02 del Código Procesal Penal, vigente desde el 10 de febrero de 2015.
Otro expediente relevante, el TC-01-2024-0024, fue impulsado por María Aurelia Genao. En este caso, Genao cuestionó varias sentencias de tribunales dominicanos, incluidas la sentencia 918/2008 del Juzgado de Trabajo de Santo Domingo y la TC/0475/20 del Tribunal Constitucional. Además, atacó decisiones de la Suprema Corte de Justicia y varias certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria.
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Otros expedientes
El expediente TC-01-2024-0025, interpuesto por Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon, desafía los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral. Por su parte, el TC-01-2024-0026, presentado por César V. Polanco Reynoso y Alan Solano Tolentino, aborda una omisión legislativa en la Ley de Prestación de Servicios para el Desarrollo.
Asimismo, se revisó el expediente TC-01-2024-0027, con la impugnación de Fraila Méndez Marrero a ciertos artículos del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, y el TC-01-2024-0028, donde Luis de Jesús Rodríguez Núñez cuestionó artículos de la Ley 488-08 y el Decreto 416-23 sobre regulaciones para Mipymes y contrataciones.
Finalmente, los expedientes TC-01-2024-0030 y TC-01-2024-0031 también fueron discutidos. El primero, presentado por Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina, impugna artículos del Código de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El segundo, interpuesto por César V. Polanco Reynoso y Alan Solano Tolentino, cuestiona la omisión legislativa en la Ley de estímulo y motivación al deporte.
El Pleno del Tribunal Constitucional otorgó un plazo adicional para que la Junta Monetaria y las partes involucradas presenten sus escritos, después de lo cual se dictará el fallo correspondiente. En la audiencia participaron, además, del presidente Estévez Lavandier. También los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, Eunisis Vásquez Acosta, y otros miembros del Tribunal, así como la secretaria Grace Ventura Rondón.
