La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de apelación presentado por el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta acusaciones de gestionar y recibir un soborno de 10 mil dólares de parte de uno de los investigados en el denominado caso SeNaSa.
Durante el conocimiento del proceso, el procurador adjunto Wilson Camacho Peralta sostuvo que las evidencias reunidas por el Ministerio Público permitieron vincular al imputado con la suma de dinero presuntamente entregada de manera irregular.
Según explicó el representante del órgano acusador, la investigación incluyó un procedimiento de entrega controlada, una técnica utilizada para documentar. También verificar la recepción de dinero previamente identificado por las autoridades.
Camacho indicó que antes de ejecutar la operación, la Fiscalía presentó ante el tribunal fotografías y otros elementos probatorios que mostraban el dinero marcado. Posteriormente, las autoridades recuperaron la suma durante el operativo, lo que fortaleció la línea investigativa del Ministerio Público.
“Se entregó al tribunal la fotografía antes de que se ejecutara la entrega controlada”, explicó Wilson Camacho. Además señaló que el dinero marcado fue encontrado posteriormente en poder de la persona que lo recibió.
Las imágenes formaron parte del protocolo de cadena de custodia aplicado durante la investigación. De acuerdo con las autoridades, este procedimiento busca garantizar la autenticidad de las pruebas y preservar su valor legal ante los tribunales.
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Ministerio Público defiende solidez de las pruebas
El Ministerio Público sostiene que la evidencia recopilada durante la investigación respalda las acusaciones formuladas contra el procurador fiscal. Además, considera que los hechos documentados son difíciles de refutar debido a las pruebas físicas y documentales incorporadas al expediente.
Las autoridades explicaron que la entrega controlada es una herramienta utilizada en investigaciones de presuntos actos de corrupción y otros delitos, ya que permite establecer una conexión directa entre el dinero marcado y la persona que lo recibe.
Asimismo, destacaron que la función del Ministerio Público es perseguir los hechos ilícitos cuando existen evidencias suficientes para sustentar una acusación, independientemente de la posición que ocupe el investigado.
Continúan las investigaciones
Tras el rechazo de la apelación, el proceso judicial contra Aurelio Valdez Alcántara continúa su curso en los tribunales. El Ministerio Público reiteró que seguirá desarrollando las acciones necesarias para fortalecer el expediente y presentar las pruebas correspondientes ante la justicia.
