Suprema Corte confirma litigación temeraria de María Amelia Hazoury y sus abogados

Santo Domingo, RD.– El jurista Dionisio Ortiz Acosta informó que la Suprema Corte de Justicia acaba de emitir una nueva sentencia que confirma de manera definitiva la litigación temeraria de María Amelia Hazoury y sus abogados, validando que sus actuaciones constituyeron un uso indebido y abusivo del sistema judicial.

Mediante una nota de prensa, Ortiz Acosta precisó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia SCJ-PS-26-0444, confirmó la vigencia de la ordenanza 504-2025-SORD-0395, que declara como litigantes temerarios a la señora Hazoury y a sus abogados.

Lilia María Fernández León, Mariel María León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, de la oficina León & Raful que preside Eric Raful.

Actuaciones procesales abusivas

Indicó que esta sentencia consolida con carácter definitivo un patrón de actuaciones procesales abusivas previamente sancionadas por diversos tribunales.

Explicó que, con esta decisión, la más alta instancia judicial del país cierra cualquier espacio de discusión sobre la ilegalidad de las actuaciones de la señora Hazoury y de sus abogados, al quedar establecido con carácter definitivo que se trató de un uso abusivo e indebido de las vías judiciales.

Destacó que esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia también refuerza y valida la sanción disciplinaria previamente impuesta por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que suspendió por un año en el ejercicio profesional a los abogados involucrados, cerrando el círculo institucional frente a estas actuaciones.

Conflicto tiene su origen en una serie de acciones judiciales

De acuerdo con la sentencia, el conflicto tiene su origen en una serie de acciones judiciales promovidas contra Inmobiliaria Don Juan, S.R.L. La empresa que acudió a los tribunales en busca del levantamiento de oposiciones a pago interpuestas sin fundamento legal. Logrando que dichas medidas fueran declaradas improcedentes y que sus promotores fueran calificados como litigantes temerarios.

El jurista concluyó señalando que con esta decisión se consolida un criterio firme del sistema judicial dominicano frente al uso abusivo de los tribunales. Además, reafirma que las vías legales no pueden utilizarse como mecanismos de presión o afectación a terceros. Recurda que las instituciones están obligadas a actuar cuando se vulneran los principios básicos del debido proceso.