Santo Domingo.- Serios cuestionamientos enfrenta el contrato de fideicomiso para la administración de la Termoeléctrica Punta Catalina, por parte de entidades de la sociedad civil que acusan al gobierno de utilizar esta figura jurídica, como un “subterfugio” para cederla al sector privado.
La Fundación Justicia y Transparencia dice haber identificado cerca 20 incongruencias en este contrato, cuya vigencia supera más de siete mandatos presidenciales.
Preocupada por la situación, la entidad depósito ante el Senado un informe sobre alcance jurídico de la pieza que tienen en sus manos.
El contrato aprobado ya por los diputados, contempla transferir todos los bienes y derechos de la Termoeléctrica a la fiduciaria Banreservas.
Los cuales están valorados en más de dos mil 300 millones de dólares, esto sumado a dos aportes económicos que haría el Estado.
El interés expuesto por el gobierno para la creación de este fideicomiso es asegurar la obra y su adecuada operación.
La cartera de Estado aclaró que, «debido a que por ley un ministerio no puede ser propietario de una empresa ni realizar operaciones comerciales y, consciente de la conveniencia de que la Central Punta Catalina participe de manera independiente en el mercado eléctrico nacional produciendo y vendiendo energía, el Gobierno ha decidido constituir la central en un Fideicomiso Público».
Mientras que el Gobierno dominicano aseguró que el Fideicomiso de Punta Catalina no implica privatización, por lo que es y seguirá siendo 100% propiedad pública.
Además indicó que en el artículo 3 del decreto 538-21 establece que las tres partes constitutivas del Fideicomiso son instituciones del Estado dominicano.
Contrato de Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina
