Santo Domingo RD.– El diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, definió como un hecho lamentable, pero normal, la renuncia de algunos dirigentes de esa organización, al tiempo que negó que fueran 135 los que abandonaron las filas del partido.
Según dijo, solo son 22 los dirigentes renunciantes, algunos de los cuales estaban suspendidos por haber dejado de asistir a las reuniones de sus organismos.
El legislador también defendió la transparencia con que Alianza País maneja los recursos recibidos.
Diputados Alianza País aprobaron fideicomiso Punta Catalina sin leerlo
Los diputados de Alianza País justifican que aprobaron el contrato de fideicomiso para Punta Catalina por el informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, pero reconocen que las discusiones públicas sobre la iniciativa obligan a devolverlo sin completar su aprobación.
Debido al comunicado, aparentemente los diputados de Alianza País no se detuvieron a leer el contrato de fideicomiso de Punta Catalina.
Por este motivo, Alianza País pide al Senado de la República devolver el contrato de fideicomiso Punta Catalina sin aprobar.
Mediante un comunicado publicado en las redes sociales por José Horacio Rodríguez, diputado del Distrito Nacional por ese partido. Señalan que «el voto favorable al contrato de fideicomiso público de Punta Catalina en la Cámara de Diputados. Partió de la premisa de que, según el informe presentado al Pleno por la Comisión de Hacienda, Todas las partes que constituyen dicho fideicomiso son de carácter estrictamente público, descartándose la privatización».
PLD solicita retiren del Senado fideicomiso de Punta Catalina
En ese orden, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pidió al Poder Ejecutivo retirar del Senado el contrato de fideicomiso propuesto para Punta Catalina.
El PLD aseguró que el contrato es “carente de controles que permitan al Estado proteger su patrimonio ni el interés público».
El documento de unas cinco páginas precisa que el principal problema que tiene el contrato en su forma actual es que implica una pérdida de control inusitada del Estado sobre este bien estratégico para el bienestar del pueblo dominicano.
