La jueza del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este jueves el fallo contra los implicados en la operación Gavilán, un caso que sacudió al sistema judicial dominicano por involucrar la eliminación fraudulenta de antecedentes penales desde las bases de datos del Ministerio Público.
Entre los principales condenados figuran Pilar Yrenes Medina Trinidad, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño, todos sentenciados a 10 años de prisión en Najayo.
El tribunal también dictó penas diferenciadas para otros acusados. Por ejemplo, Mártires Rosario Reyes recibió condena de siete años, de los cuales cumplirá tres años y medio en prisión, y el resto de manera suspendida.
Claves del caso Gavilán
- La «Operación Gavilán» investigó una red alteración de antecedentes penales desde la base de datos del MP.
- Los imputados en la operación Gavilán cobraban entre 8 mil y 15 mil pesos para borrar o alterar registros penales.
- Según el Ministerio Público, a 16,958 personas resultaron beneficiadas por parte de los imputados de la operación Gavilán.
- Varios acusados recibieron condenas de hasta 10 años.
Casos similares aplicaron para Alfredo Mirambeaux (8 años), Rubén Darío Morbán (6 años) y Domingo Julio Santana (5 años), con variaciones entre prisión domiciliaria y suspensión condicional de parte de la pena. Se impusieron también multas económicas y restricciones como trabajo comunitario, no portar armas ni abusar del alcohol.
En el caso de Luis Peña Cedeño, además de la pena privativa de libertad, se dictó inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos. El fallo también establece el pago de costas penales y judiciales por parte de los condenados.
Absueltos, criterios de oportunidad y empresa disuelta
El tribunal absolvió a varios imputados, entre ellos Okaira Elizabeth Carmona, Dilcia Argentina Núñez Santos y Romanqui Alexander Dotel Medina, a quienes se les eximió también del pago de costas.
En tanto, las imputadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva recibieron beneficios por criterios de oportunidad, lo que implica la suspensión del proceso penal contra ellas bajo condiciones legales.
De forma paralela, se ordenó el decomiso de pruebas materiales en favor del Estado dominicano y se programó una nueva audiencia para el 4 de noviembre de 2025 a las 2:00 p.m. con fines procesales adicionales.
Asimismo, se dictó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Technology, implicada en el caso por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 155-17.
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