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Santo Domingo.- La nueva fase de las investigaciones por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud, Senasa, dejó una pregunta sobre la mesa: ¿por qué algunas personas fueron apresadas durante los allanamientos y horas después quedaron en libertad?
La respuesta está en la propia naturaleza de una investigación penal.
El Ministerio Público inició el viernes 18 de septiembre la denominada Operación Cobra 2.0-A, con 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Inicialmente, las autoridades informaron del arresto de 28 personas.
Sin embargo, después de dos días de interrogatorios y diligencias, la cifra de personas contra las que se solicitó medida de coerción bajó a 25. El Ministerio Público depositó un expediente de unas 525 páginas y solicitó 18 meses de prisión preventiva para esos 25 imputados. Además de que el proceso sea declarado complejo.
Arrestar no significa condenar
Un arresto durante una investigación no equivale a una condena. Las autoridades pueden detener a una persona cuando existen elementos que justifican realizar diligencias investigativas y ponerla a disposición del Ministerio Público.
Pero, después de los interrogatorios, la revisión de documentos y otros elementos, el órgano investigador debe determinar si existen razones para continuar el proceso penal contra esa persona. Eso ayuda a explicar por qué el número inicial de arrestados puede cambiar cuando llega el momento de solicitar una medida de coerción ante un juez.
En este caso, de las 28 personas inicialmente arrestadas, 25 fueron incluidas en la solicitud de coerción, mientras que otras quedaron fuera de ese sometimiento.
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El caso de Steven Rabassa
Uno de los casos que más llamó la atención fue el del ginecólogo Steven Alexander Rabassa Fernández. El médico lo arrestaron en San Pedro de Macorís dentro de las diligencias de Senasa 2.0.
Sin embargo, horas después lo dejaron en libertad por disposición del Ministerio Público. Su situación la evaluó por el director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Pepca, Mirna Ortiz.
Tras salir en libertad, Rabassa declaró que se le informó que formaba parte de una investigación relacionada con Senasa, pero sostuvo que no tenía relación con los hechos investigados. También explicó que trabaja en reproducción humana asistida y afirmó que los especialistas de esa área no utilizan seguros médicos para ofrecer esos servicios.
Su liberación, por tanto, no debe interpretarse automáticamente como una declaración judicial de inocencia ni como una condena anticipada. Significa que, en esa etapa de la investigación, el Ministerio Público decidió no mantenerlo entre las personas para las cuales solicitó coerción. También se liberaron familiares
Durante la jornada de interrogatorios ocurrió otro episodio. Se reportó a un periodico local que tres personas familiares de médicos apresados se despacharon a sus casas mientras los investigadores continuaban interrogando al resto del grupo.
¿Qué investiga el Ministerio Público?
Según el expediente presentado por la Pepca, esta nueva línea de investigación apunta a presuntas maniobras realizadas alrededor de los servicios prestados al Seguro Nacional de Salud.
Entre las prácticas descritas aparecen presuntas facturaciones por servicios que no se realizaron . Además, facturas alteradas, cobros por medicamentos que no suministraron y utilización de sellos médicos falsos. La investigación también señala otras maniobras que incluyen presuntos sobornos, adulteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico y otras operaciones que, según los fiscales, habrían permitido distraer recursos públicos.
Uno de los ejemplos más llamativos encontrados por los investigadores es el registro de consultas ginecológicas. Consultas a nombre de hombres que, al ser contactados, negaron recibir esos servicios.
