Santo Domingo. – El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRD) por la provincia El Seibo, Santiago Zorrilla, aclaró este miércoles que sus recursos y patrimonio presentados en su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas son frutos de largos años de trabajo lícito y adquirido bajo el marco legal.
El congresista indicó que quienes cuestionaron el incremento de sus bienes en comparación con su declaración jurada del 2020. Esto lo hicieron partiendo de un aparente error del órgano auditor que de manera errónea. Que sumó los montos declarados como activos y pasivos, en vez de restar los pasivos a los activos para alcanzar el monto del capital neto a declarar.
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“Es muy penoso, he recibido llamada de todo el que me conoce, para ver donde algunos dijeron que soy un mago multiplicando, que en cuatro años van más de 100,000 millones. Yo espero que quienes lo dijeron tengan el valor de aclarar lo que han dicho”, manifestó Zorilla.
Además, en sus pronunciamientos el senador citó la frase del expresidente «Pepe Mojica», que dice que «la política no es un medio para enriquecerse. Si no para trabajar a favor de un público que los elige para eso», recordando a los medios comunicación que sus puestas en el senado siempre estarán abiertas para cualquier duda.
Declaración jurada en RD
En la República Dominicana, es obligatorio que los funcionarios públicos presenten una declaración jurada de bienes, un documento legal que detalla sus activos y patrimonio. Esta obligación se establece para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.
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Los funcionarios tienen un plazo de 30 días a partir de la fecha en que asumen su cargo para cumplir con esta exigencia. Esta medida busca prevenir la corrupción y asegurar que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre la situación financiera de sus servidores públicos. Promoviendo así una gestión pública más ética y responsable.
La declaración jurada se convierte en un instrumento clave para la supervisión y el control social, fortaleciendo la confianza de la población en sus autoridades.
