Senador Antonio Taveras llama detener desalojos en provincia de Santo Domingo

El senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, sometió una resolución en la que le pide al presidente Luis Abinader detener el drama humano que producen los desalojos en aquellas comunidades que tienen 30 y 40 años asentadas en diferentes puntos de la provincia, las cuales tienen el arraigo cultural y donde el Estado ha invertido millones en infraestructura.

Algunas de estas comunidades fueron en décadas atrás asentadas en gobiernos anteriores a través del Instituto Agrario Dominicano (IAD) o en Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pero que hoy aparecen como privadas.

Antonio Taveras pide que se declare de utilidad pública y el justo pago de los terrenos a fin de regularizar estas comunidades entre las que se encuentran Villa Progreso de Los Alcarrizos; Pantoja 1, en Pantoja; el Ensanche Isabelita en Santo Domingo Oeste; Los Coquitos de Mendoza en Santo Domingo Oeste; Santa Lucía de La Caleta; Los Mina y Nueva Jerusalén en Santo Domingo Oeste, y que además se les busque solución a las más de 300 familias en el Barrio Freddy Beras Goico, en Los Alcarrizos, que también fueron desalojadas.

«Nosotros pedimos que el Estado Dominicano declare de utilidad pública esos terrenos, que tienen comunidades asentadas con más de 30 años y en los casos donde se compruebe la titularidad real que se le pague el justo precio a sus dueños para que prevalezca el Estado de Derecho», dijo Taveras, quien puntualizó que la propiedad privada debe ser respetada en todo caso.

Entre sus considerandos, la resolución del senador Antonio Taveras destaca que en el artículo 51 de la Constitución reconoce el derecho fundamental de propiedad y establece que ninguna persona puede ser privada de esta, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, previo a pago del justo valor.

Señala que el costo social y económico de posibles desalojos en estas comunidades es elevadísimo y muchas veces es mayor que el propio costo de los terrenos, razón por la cual debe existir una responsabilidad del Estado por procurar soluciones armónicas que garanticen una adecuada compensación a los propietarios y a su vez evita el drama humano de sacar estas personas de estas comunidades.