Senado aprueba modificación a Ley Protección del Consumidor

• La pieza legislativa procura que Proconsumidor esté dotado de las capacidades administrativas y sancionadoras necesarias para proteger a los consumidores.

Santo Domingo. RD.- El Senado de la República aprobó en primera lectura el Proyecto que modifica la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor, presentada por los senadores Virgilio Cedano y Antonio Marte.

La iniciativa legislativa incorpora mayor regulación y supervisión, además de establecer nuevas sanciones para los comercios que violenten los derechos de los consumidores.

Entre las medidas que incluye la normativa, se castiga la adulteración o eliminación de las fechas de expiración o de uso permitido en materia de alimentos, medicamentos y cualquier otro producto perecedero, dejando las demás infracciones a los tribunales ordinarios.

Un acuerdo a favor del consumidor

Recientemente, titulares de las agencias gubernamentales de protección a los derechos del consumidor de Centroamérica y República Dominicana firmaron un convenio de cooperación para establecer las bases y líneas de trabajo conjuntas a favor de los consumidores de la región.

El acuerdo firmado por países miembros del Consejo de Protección de los Consumidores de Centroamérica y República Dominicana (CONCADECO), un organismo dependiente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), busca, además, establecer las bases generales de coordinación interinstitucional que facilite la actuación efectiva de manera permanente en la atención de casos de protección al consumidor.

En el convenio se establece, asimismo, impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos de los consumidores en el ámbito regional, además de desarrollar e intensificar las relaciones entre las agencias gubernamentales de protección al consumidor de los países de la región.

Igualmente, favorecer el establecimiento de servicios de consulta y de mecanismos extrajurídicos de solución de diferencias transfronterizas, dentro del ámbito competencial de las administraciones de protección al consumo de los países firmantes del convenio en la contratación y adquisición de bienes y servicios, en los que estén implicados consumidores y empresas radicadas en las naciones de Centroamérica y República Dominicana.