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Tribunal Constitucional ordena cesar uso público del término “Operación Medusa” por violar derechos fundamentales
SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana acogió el recurso interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez y ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y a la Procuraduría General de la República abstenerse de seguir utilizando públicamente la denominación “operación Medusa” para referirse al proceso penal en su contra.
La alta corte consideró que el uso de sobrenombres o motes como el de “Medusa” vulnera derechos fundamentales. Entre ellos, la dignidad humana, el honor, la imagen, la integridad y la presunción de inocencia.
Asimismo, la sentencia establece que estas denominaciones deben usarse únicamente como estrategias internas, reservadas a los equipos de investigación. No como etiquetas públicas que puedan inducir a la sociedad o a los jueces a asumir culpabilidad antes de una sentencia.
“El uso indiscriminado de motes rompe con las buenas prácticas de investigación y puede afectar la imparcialidad judicial”, señala la sentencia, que además otorga efectos inter communis, lo que significa que la protección alcanzará a cualquier persona en situaciones similares.
El Tribunal enfatizó que las denominaciones utilizadas en los procesos deben ser neutrales y no estar asociadas directamente a los hechos investigados. Para evitar prejuicios innecesarios que afecten el debido proceso.
Sin Medusa, Antipulpo, Coral, Calamar ni Camaleón
El fallo del tribunal rompe con una hilera reciente de operaciones que resultaron nombradas con nombres como Antipulpo, Coral, Calamar, Medusa, Camaleón, entre otros.
Por otra parte, se recuerda que el pasado 11 de marzo el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció que lleva casi cuatro años en prisión preventiva sin que se haya iniciado un juicio en su contra.
En una carta enviada a este medio, CDN, Canal 37, Rodríguez atribuye la prolongación de su proceso a una estrategia de las autoridades de “arrestar y luego investigar”, lo que ha generado una serie de retrasos que, según él, no son atribuibles a su defensa.
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