La reacción natural ante un fraude de gran magnitud suele ser exigir las penas más severas posibles. Sin embargo, desde la perspectiva del análisis económico del derecho, la cuestión relevante no es cuál castigo satisface más la indignación ciudadana, sino cuál produce el mayor beneficio para la sociedad.
La teoría desarrollada por Gary Becker, profesor de la Universidad de Chicago, sostiene que todo delito genera un costo social, pero también lo genera su castigo. Por tanto, la política penal debe orientarse a minimizar la suma de ambos costos. En otras palabras, la mejor sanción no es necesariamente la más dura, sino aquella que reduce el daño total provocado por el crimen.
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Cuando se trata de delitos patrimoniales, como un fraude económico, el objetivo principal debería ser recuperar los recursos sustraídos y eliminar cualquier incentivo para reincidir. Desde esa perspectiva, las sanciones económicas pueden resultar más eficaces que la prisión. La combinación de restitución integral del dinero, decomiso de bienes obtenidos ilícitamente y multas superiores al beneficio obtenido convierte el fraude en una actividad no rentable.
Además, la teoría económica destaca que la efectividad de una sanción depende no solo de su severidad, sino también de la probabilidad de detección. Una pena muy alta pierde capacidad disuasoria si los infractores creen que difícilmente serán descubiertos. Por ello, fortalecer los sistemas de auditoría y supervisión puede ser tan importante como aumentar las sanciones.
En definitiva, la función del derecho penal no consiste en llenar cárceles, sino en reducir el daño social, prevenir nuevos delitos y proteger de forma más eficaz los recursos de la sociedad.