La Coordinadora General de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, y los politólogos Idian Medina y Juan Manuel García saludaron la iniciativa del Partido Revolucionario Moderno de someter una propuesta de modificación a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La propuesta busca fortalecer los controles sobre el financiamiento político y prohibir la entrada de dinero ilícito en las organizaciones partidarias. También busca evitar que personas vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado puedan aspirar a cargos de elección popular.
La coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, consideró que la propuesta es una buena iniciativa. Sin embargo, señaló que hay puntos de mayor relevancia que deben priorizarse, como el costo de las campañas.
«En el caso de nosotros, de Participación Ciudadana, siempre hemos dicho que no son solamente los mecanismos para filtrar a los que van a formar parte de una contienda electoral, sino también que tenemos que ver los mecanismos de prevención, y ¿cuáles son los mecanismos de prevención importantísimos? El tope de gasto en campaña, lo costoso que son las campañas en la República Dominicana», manifestó Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana.
Añadió también que temas como la fiscalización de los partidos por parte de la Junta Central Electoral deben abordarse. Esto sí se tiene interés de fortalecer los controles de los partidos en términos financieros.
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«Los ciudadanos realmente no sabemos qué candidatos reciben recursos y de quién los reciben. Entonces, no solamente es la responsabilidad que tenga un partido de filtrar, obviamente, aquellos que van a representar a su partido para la decisión de un ciudadano, sino también los mecanismos de fiscalización que deben tener no solamente los partidos en términos de la finanza, sino de seguimiento de parte de la Junta», añadió Blanco.
Por su parte, los politólogos Juan Manuel García e Idian Medina consideraron que se debe analizar el punto de los sujetos obligados. Esto antes de aprobar la modificación a la ley.
«Si nosotros ayudamos a aclarar esos aspectos de esa ley donde los partidos sean sujetos obligados, entonces los partidos estarían necesariamente obligados a determinar no solamente los ingresos que tienen per se, como de forma directa lo que le da el Estado y lo que le dan particulares», afirmó Idian Medina, politólogo.
«Esto tiene que cumplir con una cultura política que nazca necesariamente en los partidos políticos, y que esto haga prevalecer la ley antes que sus propios intereses, porque muchas veces los partidos se hacen de la vista gorda cuando tienen candidatos que pudieran traer dinero de fuentes dudosas por el simple hecho de que ellos tendrían mayor poder a nivel del Estado», aseguró Juan Manuel García, catedrático.
La propuesta busca agregar nuevas condiciones para quienes aspiren a cargos de elección popular o de dirección partidaria. Entre ellas, la presentación de una declaración jurada de patrimonio conforme a la Ley 311-14.
