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Presidente del Senado aclara que el nuevo Código Penal no prohíbe las peleas de gallos

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aclaró que las peleas de gallos continúan siendo legales en República Dominicana tras la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

Nicole de la Cruz
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Santo Domingo. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, aclaró este martes las versiones que circulan en distintos sectores sobre una supuesta prohibición de las peleas de gallos con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al asegurar que la actividad continúa siendo legal y está regulada por una legislación especial vigente.

De los Santos explicó que el marco jurídico que rige la protección animal en el país es la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, la cual no se modificó, derogó ni alteró en ninguno de sus artículos durante la aprobación del nuevo Código Penal, por lo que no existe ningún cambio legal que afecte la práctica de las galleras.

El legislador calificó como un “grave error de interpretación” las informaciones que generaron preocupación en el sector gallero. Reiteró que el Código Penal no introduce disposiciones que prohíban o penalicen esta actividad tradicional.

“Fíjate, ahí hay un grave error. La ley que regula el maltrato animal en la República Dominicana es la Ley 248-12. Esa ley no fue tocada en ninguno de sus articulados, pero mucho menos fue derogada”, expresó el presidente del Senado al ser consultado sobre el tema.

Asimismo, precisó que las peleas de gallos continúan amparadas por esta legislación especial, independiente del nuevo Código Penal. Por ello, llamó a la calma a la ciudadanía y al sector gallero.

“El tema de las galleras y peleas de gallos sigue regulado por la Ley 248-12”, enfatizó. También aseguró que esta situación no debe generar preocupación entre quienes se dedican a esa actividad.

Con estas declaraciones, el presidente del Senado busca despejar dudas sobre el alcance del nuevo Código Penal. También pretende aclarar interpretaciones erróneas relacionadas con actividades reguladas por leyes especiales vigentes en República Dominicana.

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