El Ministerio Público ha mantenido en anonimato a los ejecutivos de las empresas vinculadas a la operación Panthera 7, sin embargo, datos corporativos accesibles han arrojado luz sobre la estructura organizacional de Grasswey Group y GWG Transport, compañías señaladas por su implicación en el traslado de más de nueve toneladas de droga decomisadas en el puerto Caucedo.
De acuerdo a información recopilada de bases de datos corporativas como Open Corporate y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), se han identificado a Francisco Alejandro Lebreault Acevedo y Juana Elsa Acevedo Medina como los principales ejecutivos de Grasswey Group. Lebreault Acevedo es específicamente mencionado como el director de la empresa y fue quien registró el nombre de Grasswey en ONAPI en febrero de 2015.
Te recomendamos leer:
Según el Ministerio Público, Grasswey Group, una empresa dedicada al transporte, importación y exportación de alimentos y otros productos de consumo masivo, desempeñó un papel crucial junto a GWG Transport en el traslado de los contenedores que contenían las 9.8 toneladas de droga confiscadas en Caucedo.
Investigación revela estructura de empresas involucradas en el narcotráfico y su impacto en la seguridad nacional
La información disponible sobre GWG Transport es más escasa; sin embargo, se ha confirmado que su propietario es uno de los detenidos en la operación Panthera 7. GWG tiene su sede en La Caleta, Boca Chica, y su publicación más antigua en Instagram data de 2018, mostrando una imagen con cuatro camiones en el Puerto Caucedo.
A nivel internacional, el nombre de GWG Transport se asocia con una empresa que tiene tres sedes registradas en Estados Unidos: una en Tennessee, otra en Carolina del Norte y una más en Georgia.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los detenidos relacionados con la operación Panthera 7, lo que refleja la gravedad del caso y su impacto en la lucha contra el narcotráfico. Se espera que futuras investigaciones puedan arrojar más información sobre las conexiones internacionales de estas empresas y sus posibles implicaciones legales.
Esta situación pone de relieve la necesidad urgente de un mayor control y regulación sobre las empresas involucradas en actividades logísticas relacionadas con el transporte internacional. La comunidad espera acciones contundentes por parte del gobierno para prevenir que este tipo de delitos continúen afectando la seguridad nacional.