El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar el artículo 3 de Ley núm 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
La citada reforma procura fortalecer de manera exclusiva la capacidad del Estado. Esto para la protección de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de dicho flagelo.
La misma no es una modificación amplía o profunda del instrumento normativo, ni es una reintroducción del proyecto que resultó retirado anteriormente.
Como expresa el breve proyecto en sus motivaciones, el Estado dominicano impulsa estas mejoras en el marco de su compromiso constitucional y convencional de luchar contra una práctica tan denigrante e inhumana como la trata de personas. Este delito lesiona derechos como la dignidad, igualdad, seguridad, integridad física y psíquica. Además, libertad y libre desarrollo de la personalidad de toda persona víctima de esta.
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Entidades y sociedad trabajan en revisión de la norma
Sin embargo, es fundamental promover de manera inmediata la modificación del artículo 3 de la indicada ley. Esto aras de fortalecer las medidas contra este delito en lo que respecta a la protección de los menores de edad. Las diferentes instituciones del Estado y la sociedad que abordan la cuestión, continúan trabajando para una eventual revisión integral de la norma. Esto bajo un proceso de diálogo plural que permita el consenso social, académico y político en torno a tan relevante tema.
Como se afirma en la propuesta, el gobierno no hace más que reconocer que es deber del Estado fortalecer las medidas legales, administrativas, jurisdiccionales, educativas, sociales, culturales o de otro tipo que se requieran. Esto para que los actores integrales, en el marco de sus competencias, dispongan de acciones y procesos tendientes a garantizar y optimizar sus respuestas frente a este flagelo. Asegurando así mayores garantías en el derecho interno y en cumplimiento con los estándares internacionales.
