Santiago, RD. — Representantes comunitarios acudieron a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente en Santiago. Solicitaron una intervención urgente en el vertedero a cielo abierto de Sabana Iglesia, debido a la fuerte humareda que afecta la zona.
La comisión estuvo integrada por Bernardo Hernández Almonte, conocido como “Confesor”, en representación de la Fundación Josefina Batista y de la comunidad. También participaron miembros de la Fundación Gremuli.
Los comunitarios aseguran que la constante humareda generada en el depósito de desechos afecta la salud y la calidad de vida de las familias residentes en las zonas cercanas.
Además, advirtieron que el manejo inadecuado de los residuos provoca contaminación ambiental. Según señalaron, también representa una amenaza para la presa de Sabana Iglesia.
Esta presa constituye una importante fuente de abastecimiento de agua para Santiago. Por ello, las organizaciones solicitaron la intervención de la Procuraduría de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).
El objetivo es investigar la situación y garantizar un manejo adecuado de los residuos.
Inspección por humo y residuos
Durante la intervención, las autoridades indicaron que recibieron denuncias de varios pobladores sobre la contaminación provocada por el humo y los residuos del vertedero.
“Estamos apoderados de una denuncia de varios pobladores, de varios ciudadanos, quienes interpusieron una denuncia, ya que en este lugar existe un vertedero y está contaminando con el humo y con los residuos también, parte de lo que es la población”, expresaron.
Asimismo, señalaron que acudieron al lugar para verificar e investigar la situación. También indicaron que levantarían el acta correspondiente a la inspección.
Los representantes comunitarios manifestaron su disposición de dar seguimiento al caso. Además, plantearon la necesidad de buscar una solución para evitar que la situación vuelva a repetirse.
Finalmente, los comunitarios reclamaron una salida definitiva al problema. Calificaron la situación como un “crimen social” y un “crimen medioambiental”.
También cuestionaron el descuido de las autoridades y expresaron su esperanza de alcanzar una solución definitiva junto a la alcaldesa.
Los comunitarios esperan una respuesta inmediata antes de que el problema provoque consecuencias mayores.
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