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El paro docente convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Azua terminó en el Palacio de Justicia de esa provincia, luego de que un grupo de padres interpusiera un recurso de amparo para exigir el reinicio de la docencia.
La jueza Karen Castillo, de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, ordenó la reanudación inmediata de las clases y advirtió que, de no cumplirse, la ADP deberá pagar una multa de 10,000 pesos semanales por cada semana de paralización. Asimismo, el Ministerio de Educación fue instruido a nombrar a los docentes faltantes en los centros educativos.
En su decisión, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Azua ordenó al Ministerio de Educación cubrir de inmediato las plazas vacantes en primaria del centro educativo Ángel Bienvenido Jiménez, con el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad para los niños y niñas de la localidad.
El paro docente se había extendido por más de una semana en el municipio cabecera de Azua, y solo tras la intervención judicial se logró una resolución al conflicto.
“Si una de las partes incumple lo establecido en la sentencia, enfrentará consecuencias legales”, advirtió Randy Brito, presidente de la ADP en Azua.
Por su parte, el abogado Francis Céspedes criticó la forma en que la jueza abordó el caso de la ADP.
“Sabemos que la situación en Azua no es reciente, pero se ha politizado y personalizado el conflicto”, afirmó Céspedes, representante del Distrito Educativo 03-01.
Para varios ciudadanos consultados en la provincia, la intervención judicial y la sanción a la ADP resultaron medidas positivas. Esto, para restablecer la normalidad en las aulas.
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