La Vega.- En la Diócesis de La Vega se celebró este lunes otra reunión en busca de acuerdos entre la minera Barrick Gold y las comunidades afectadas por la construcción de la presa de desechos de la minera de oro.
A pesar de la continuación del diálogo entre los grupos comunitarios de Sánchez Ramírez, la empresa Barrick Pueblo Viejo, el Ministerio de Energía y Minas, representantes de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo; la marcha convocada para este miércoles 22 continúa firme.
En ese sentido, el agricultor Martin Guzmán explicó que la compañía minera ha alargado el proceso porque no ha estudiado y cumplido correctamente los estándares ambientales y sociales que establece la Corporación Financiera Internacional (IFC); en cuanto al cumplimiento de sus derechos en términos económicos y medioambientales.
“Estamos en desigualdad. Tenemos una situación de los militares dentro, los estudios haciéndose, las calles destruyéndose, entonces la Barrick está por su cuenta y no hay un Estado que la frene, por eso hemos mantenido el llamado a la marcha”, indicó.
Posterior a la reunión, el vocero de esta comisión especial, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que Barrick Pueblo Viejo está comprometida en revisar las normas sobre reasentamiento involuntario y regirse bajo los estatutos.
“La empresa se compromete a comunicar su respuesta, a través de la Secretearía General del Defensor del Pueblo, en un plazo de diez días, contando a partir de la siguiente fecha. Esta fecha que va a entregar sería tentativamente para jueves 30 de enero del 2025”, precisó.
Esta comisión especial continuará con las negociaciones el próximo martes 4 de febrero en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci); donde se espera llegar a términos adecuados en torno a la reubicación que beneficien a ambas partes, ante los deseos de construir una presa de colas por parte de la empresa minera.
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