El escándalo de corrupción destapado mediante la Operación Cobra, que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), ha provocado una reacción contundente desde el Gobierno, el ámbito judicial y el sector académico del país.
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el exprocurador general Francisco Domínguez Brito y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), reverendo padre Secilio Espinal, coincidieron en que el caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias, no solo por el desvío de fondos públicos, sino por su impacto humano, sanitario y ético en la sociedad dominicana.
Desde Santiago, Peña afirmó que el Gobierno dominicano no encubre ni tolera actos de corrupción. También, reiteró que el Ministerio Público, como órgano independiente, debe actuar con total firmeza.
Por su parte, el exprocurador general, Francisco Domínguez Brito, advirtió que la investigación no debe limitarse al daño económico. En ese sentido, dijo que debe profundizar en las consecuencias directas sobre la salud de los pacientes.
“Yo siento que la investigación recién debe de empezar, porque los sobornos son graves, pero que hayan sucedido procedimientos médicos en perjuicio de la salud de una persona o que le haya costado la vida, simplemente para alguien ganar dinero, yo creo que eso sí debe poner en alerta”, expresó.
Mientras, el rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, abordó el caso desde una perspectiva social y ética. Lo calificó como un hecho profundamente preocupante que debe provocar una reflexión colectiva nacional.
La Operación Cobra involucra a diez imputados, entre ellos el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim. A los mismos se les señala como presuntos integrantes de una estructura dedicada al desvío de fondos públicos, manipulación de procesos internos y otras irregularidades administrativas.
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