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Operación Oncol4: Pepca acusa a Héctor Lora y allegados de desfalco por más de RD$148 millones

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusó al ex presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, de encabezar una presunta red que habría desviado más de RD$148 millones destinados a tratamientos oncológicos entre 2018 y 2025.

Santiago.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó que el ex presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, encabezó junto a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, una presunta estructura criminal dedicada al desvío de recursos destinados al tratamiento de pacientes oncológicos de la región Norte del país.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el supuesto entramado habría operado entre los años 2018 y octubre de 2025, utilizando al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao para obtener beneficios económicos ilícitos.

El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían desviado RD$148,660,116.70, afectando tanto al Seguro Nacional de Salud (Senasa) como a miles de pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado.

Maniobras fraudulentas atribuidas por el Ministerio Público

Entre las irregularidades descritas en el expediente figuran:

  • El traspaso del control de la facturación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a la empresa Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, con el supuesto propósito de desviar recursos del Patronato.
  • La creación de un presunto «Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas» para alterar expedientes clínicos y generar facturaciones fraudulentas contra Senasa.
  • El uso irregular de sellos médicos y formularios previamente firmados para ordenar estudios especializados sin la evaluación correspondiente de los pacientes.
  • La comercialización de medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia.
  • La doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes con cáncer.

Otras irregularidades investigadas

La Pepca también atribuye a la presunta estructura otras prácticas ilícitas, entre ellas:

  • El suministro de dosis incompletas de quimioterapia mientras se facturaba a Senasa el costo total de los tratamientos.
  • La sustitución de medicamentos biológicos originales por genéricos de menor costo, cobrando el valor correspondiente a los productos de mayor precio.
  • La utilización de la Fundación Tócate RD como supuesto mecanismo para desviar recursos hacia fines particulares.
  • El cobro de comisiones ilícitas a suplidores, descritas por el Ministerio Público como una modalidad de soborno extorsivo.
  • El borrado de registros digitales y la presunta destrucción de controles internos para obstaculizar auditorías y dificultar el rastreo financiero.

Proceso declarado complejo

Según el expediente de la denominada Operación Oncol4, la supuesta red convirtió una institución sin fines de lucro en una estructura orientada al beneficio familiar.

El Ministerio Público atribuye a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán de Lora y Dilcia Isabel Vargas Sánchez la presunta comisión de varios delitos, entre ellos:

  • Asociación de malhechores.
  • Estafa contra el Estado.
  • Soborno.
  • Delitos de alta tecnología, incluyendo acceso ilícito a sistemas informáticos.
  • Lavado de activos.

La investigación establece que, entre 2018 y 2025, Senasa desembolsó más de RD$3,754 millones al centro de salud por servicios prestados a afiliados del régimen subsidiado.

Ante la magnitud del presunto fraude, la cantidad de víctimas y el volumen de evidencias documentales y financieras recopiladas, la Fiscalía de Santiago y la PEPCA solicitaron al tribunal la imposición de medidas de coerción contra los imputados, así como la declaratoria de complejidad del proceso.

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