Ocupan hookas, vapes, y arma tras allanamiento en discotecas de San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís, R. D.- Agentes policiales adscritos a Sub Dirección de Investigaciones (Dicrim), la Policía Preventiva y la Unidad Lince junto al Ministerio Público, realizaron tres allanamientos simultáneamente.

Con las órdenes 01928-2024, 01930-2024 y 01929-2024, patrullas de la policía peinaron diferentes centros de diversión y de expendio de bebidas alcohólicas en esta ciudad, dando como resultado la ocupación de Hookas, Vapes y Arma de fuego.

«Esta acción fue una tarea conjunta y bien articulada por organismos competentes» dijo la sargento mayor Génesis Acosta, vocera policial en esa ciudad.

Durante los allanamientos fueron ocupadas, (06) Hookas de diferentes colores, (13) Cigarrillos Electrónicos (Vapes) de diferentes colores.

También se decomisó una Arma de fuego tipo pistola, marca Arcus, calibre 9mm, color negro y gris, serie No. 23FG400688, con su cargador y trece cápsulas para la misma, sin documentación vigente.

En el operativo también se detuvo a diez personas, por carecer de documentos y para fines de investigación.

De igual manera, tres menores de edad por estar ingiriendo bebidas alcohólicas en los referidos centros de diversión.

Sobre las sanciones

La ley 16-19 prohíbe el uso de hookas en lugares públicos y privados.

Esta ley en el artículo uno dice que tiene por objeto prohibir el uso del dispositivo
que se emplea para fumar tabaco, denominado hookah, en lugares públicos y privados.

En el artículo dos consiga el ámbito de aplicación, el que abarca todo el territorio nacional.

Así mismo, el artículo tres dicta que se prohíbe el uso de la hooka en lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo, públicos y privados.

También en vehículos destinados al transporte de pasajeros.

El artículo cuatro de la misma ley condena a los propietarios del negocio donde se detecten esos artefactos y contempla multa a los propietarios de cinco a diez salarios mínimos del sector público.

Así mismo, se sanciona con la pena de cinco a quince salarios mínimos del sector público, a toda persona que utilice la hookah.