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El juez de Ejecución de la Pena del distrito judicial de La Vega, Manuel Ramón Crispín Núñez, ordenó este miércoles que la exdiputada Rosa Amalia Pilarte cumpla su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, luego de que se entregara de manera voluntaria a las autoridades.
Rosa Amalia Pilarte acudió en horas de la mañana a la Unidad de Ejecución Carcelaria de la Procuraduría General de la República en Santo Domingo, y posteriormente fue trasladada a La Vega, desde donde se dispuso su envío inmediato al referido penal de Santiago.
Durante la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de La Vega, a la exlegisladora se le vio con semblante agotado. La misma expresó que debido a un procedimiento médico no se había presentado ante el juez.
Los abogados Amado Gómez y Luis Feliz Ramos explicaron que el tribunal rechazó los pedimentos de la barra de la defensa. Estos habían solicitado reconsiderar el envío de Pilarte a prisión, la decisión, sin embargo, ratificó el traslado inmediato al centro penitenciario.
“Estábamos verificando que el juez decidiera si procedía enviarla con la ejecución de la sentencia. Nosotros planteamos una serie de incidentes donde demostramos que el juez de La Vega no era competente para mandar la ejecución de esa sentencia”, indicó el abogado Amado Gómez.
Abogados destacan proceso debe conocerse en Santiago
La defensa cuestiona que el proceso se conozca en La Vega, alegando que, por competencia territorial, la ejecución de la pena debía tramitarse en Santiago. Lugar, donde además coinciden en que, en lo adelante, el proceso debería continuar en Santiago, al ser la jurisdicción competente para la ejecución.
El fallo contra Pilarte se ratificó en casación por la Suprema Corte de Justicia, que la condenó a cinco años de prisión. Esto, por lavado de activos provenientes del narcotráfico, además del pago de 200 salarios mínimos y las costas procesales.
El Ministerio Público sostiene que la exdiputada formaba parte de la red encabezada por su esposo, Miguel Arturo “Micky” López Florencio, a través de la cual se habrían introducido al sistema financiero más de RD$4,418 millones, pese a que Pilarte reportó ingresos legales de apenas RD$16.3 millones en casi dos décadas.
