Fiscalía de Santiago participa en tema del combate del tráfico ilícito de migrantes

Santiago de los Caballeros.- La Unidad Especializada de Tráfico y Trata de Personas, en coordinación con una organización internacional de migraciones, realizó en la zona norte del país un encuentro a los fines de tratar el tema de la prevención del flagelo.

El magistrado Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, resaltó la importancia de tratar y actuar sobre estos temas para prevenir y erradicar los casos.

El encuentro para tratar el tema es con las fiscalías de Santiago, Mao, Puerto Plata bajo el título “Retos y Desafíos del sistema de justicia dominicano para el Combate del Tráfico Ilícito de Migrantes.

Cámara de Diputados aprueba modificaciones a Ley trata de personas

La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esto, con el objetivo de reformar los artículos 3 y 7 de la legislación.

El texto legal pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La solicitud de modificación, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, la había aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado.

En la carta de motivación enviada al Congreso, el Poder Ejecutivo planteó que el objeto de esta iniciativa es modificar el artículo 3 del referido texto legal, de manera puntual. Con miras a brindar mayor seguridad y protección a las niñas, niños y adolescentes, víctimas especialmente vulnerables y objeto de victimización en la trata de personas, en cumplimiento del deber del Estado.

Modificaciones de la Ley

Plantean que dicha modificación busca el fortalecimiento de la norma en lo que respecta a la persecución de esta manifestación delictiva que afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera desproporcionada. Y, que terminan persuadidos para someterlos a situaciones de explotación sexual o humana, esclavitud y trabajos forzosos.

La pieza legislativa, en lo adelante, agrega el artículo 3.1. Este establece que sancionarán la trata de personas con pena de 10 a 20 años de prisión. Además de una multa de ciento cincuenta a trescientos salarios mínimo del sector público.

También, se modificó el artículo 7 de la Ley, y en lo adelante, cuando se produzca la muerte del o de las personas involucradas en trata de personas u objeto del tráfico ilícito de migrantes o cuando la víctima resulte afectada de un daño físico o psíquico temporal o permanente, se establece una pena de cinco años de prisión, en adición a la pena principal y multa de 175 a 300 salarios mínimos del sector público.

Además, establece que si las acciones agravantes antes descritas se realizan con personas que padezcan inmadurez psicológica o trastorno mental. También, personas discapacitadas o vulnerables, en niños, niñas o adolescentes. Indican que la pena de reclusión es 20 a 30 años. Y, una multa de 200 a 400 salarios mínimos del sector público.

Al cerrar los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que oportunamente convocará para la próxima sesión.