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Empresario denuncia presunta ocupación ilegal en playa de Juan Dolio tras invertir $1.2 millones de dólares

El empresario Miguel Paulino denunció que se le impide acceder y desarrollar su propiedad costera en Juan Dolio, a pesar de contar con títulos deslindados y escrituras que respaldan una inversión de 1.2 millones de dólares. Según su versión, los terrenos desde El Callejón hasta los límites de la playa están ocupados presuntamente de forma ilegal por particulares que, asegura, estarían vinculados a instituciones del Estado. Paulino criticó la falta de control del Ministerio de Turismo, la alcaldía y la Armada Dominicana, y alertó sobre la arrabalización del entorno. Además reveló un presunto esquema de extorsión en el área, donde los ocupantes exigirían hasta 200 mil pesos para permitir el paso o el uso de instalaciones, pagos que dice no tienen autorización oficial. Exige la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad jurídica y recuperar el uso legítimo de sus terrenos.

Marianny Valdez
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Juan Dolio.– El empresario Miguel Paulino denunció públicamente que se encuentra impedido de acceder y desarrollar su propiedad en la zona costera de Juan Dolio, a pesar de poseer títulos deslindados y escrituras oficiales que avalan una inversión de 1.2 millones de dólares.

Según el denunciante, los terrenos, que se extienden desde el sector El Callejón hasta los límites oficiales de la playa, se encuentran ocupados de forma presuntamente ilegal por particulares que, bajo su versión, pertenecerían a instituciones del Estado.

Paulino criticó la supuesta falta de control por parte del Ministerio de Turismo. Asimismo como la alcaldía local y la Armada Dominicana, lo que, según él, ha permitido la arrabalización del entorno.

Reclama presunto esquema de extorsión

El inversionista reveló además un presunto esquema de cobros irregulares en el área. Según el empresario, los ocupantes exigen sumas de hasta 200 mil pesos para permitir el paso o el uso de las instalaciones. Además sostiene que este pago carece de toda autorización oficial.

Paulino exigió la intervención de las autoridades competentes para esclarecer la situación. El empresario califica la situación como un atentado a la seguridad jurídica,

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