Santo Domingo, RD.- La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) ha formalizado un convenio con el Ministerio de Economía y Planificación (MEPyD), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), la Alcaldía de San Cristóbal, y las juntas distritales de Hatillo y Hato Damas, para desarrollar un plan de ordenamiento territorial en estas localidades. El acuerdo busca abordar las características particulares de cada área y fomentar un desarrollo sostenible.
La firma del convenio se llevó a cabo entre el administrador de Egehid, Rafael Salazar; el titular del MEPyD, Pavel Isa Contreras; la directora del CEPAE, Carmen María Pérez Sánchez; el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, y los directores de Hatillo y Hato Damas, Esperanza Ramírez y Daniela Alcantara Castillo.
Objetivos del convenio
El principal objetivo de este acuerdo es establecer normativas que permitan a los gobiernos locales ejercer sus competencias en el ordenamiento de los asentamientos humanos. Se busca formular y administrar la zonificación urbana, teniendo en cuenta factores de riesgo y consideraciones sobre el cambio climático.
Egehid se ha comprometido a aportar US$208,000.00, que serán administrados por CEPAE para facilitar el desarrollo del plan. Durante la firma, se entregó un avance del 30% de esta suma, mientras que los pagos restantes se realizarán según el avance de los trabajos.
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Roles y responsabilidades
CEPAE aportará su experiencia en procesos comunitarios y desarrollo social, planteando una prospectiva territorial que defina la visión y objetivos del plan. Entre sus tareas, se incluye la creación de cartografía georreferenciada y la clasificación del suelo en el territorio, abarcando aspectos como la huella urbana, la red vial y las áreas verdes.
Por su parte, el MEPyD actuará como veedor institucional del proceso y se encargará de apoyar la participación comunitaria en foros organizados para discutir el plan.
Los gobiernos locales, en tanto, se comprometen a implementar el plan de ordenamiento territorial y a ejercer liderazgo en el proceso.
Seguimiento y vigencia
El acuerdo también contempla la creación de una comisión de veedores, que incluirá a la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla, y al senador Gustavo Lara Salazar, entre otros. Esta comisión se encargará de supervisar el cumplimiento de los objetivos establecidos y realizar reuniones periódicas para evaluar el avance del proyecto.
La vigencia del acuerdo es de diez meses, con posibilidad de prórroga, siempre que se verifique el cumplimiento de los objetivos y obligaciones acordadas.
