Las Charcas, RD.- El Ayuntamiento de Las Charcas enfrenta una crisis tras la juramentación realizada por el presidente del concejo de regidores, que algunos califican de “golpe” y otros como un acto ajustado a la ley.
El alcalde del municipio ratificó que no ha renunciado ni renunciará a su cargo, afirmó que fue electo por cuatro años y anunció que llevará el caso al Tribunal Constitucional.
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“No he renunciado ni voy a renunciar, fui electo por cuatro años”, dijo el alcalde, según la transcripción, y calificó la juramentación de parte de un supuesto plan en el que tres regidores pretenden desplazarlo.
Los regidores que promovieron la juramentación son dos del PLD y uno de la Fuerza del Pueblo, y entre ellos figura el presidente actual de la sala capitular.
Rocío Sánchez Agramonte, vicealcaldesa juramentada como alcaldesa, sostuvo que no se produjo ningún golpe de estado y afirmó que los regidores actuaron apegados a la ley 176 y la ley 107 que rigen los ayuntamientos.
Según Sánchez, el 24 de abril se dio lectura a una misiva enviada por el alcalde al consejo de la sala capitular en la que, en su relato, el alcalde expresa su renuncia y solicita la juramentación de la nueva alcaldesa.
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano en Azoa, Jesús Matos, respaldó la decisión del consejo de regidores y felicitó a los actuantes por cumplir la ley 176 y la ley 107.
Matos señaló que todo se hizo siguiendo el debido proceso y convocaron otra reunión extraordinaria para la juramentación de la vicealcaldesa.
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Apoyos y acciones legales
Sánchez resaltó que “todo está claro” y que si el alcalde considera vulnerados sus derechos, existen las vías legales para recurrir.
Además, informó que la Federación Dominicana de Municipios y la región Valencia acompañarán los pasos legales necesarios respecto al asunto.
La disputa quedó marcada por versiones encontradas: por un lado la negativa del alcalde a renunciar y su decisión de acudir al Tribunal Constitucional; por otro, la defensa de los regidores y la nueva alcaldesa sobre la legalidad de sus actos.
La situación en el municipio de Las Charcas continúa abierta y los actores involucrados han anunciado recursos jurídicos para dirimir la controversia.
Por Marcos Lorenzo
