Una parte del sector comercial de la provincia Espaillat advierte que podrían convocar a un paro nacional de actividades, en protesta contra la aplicación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la cual consideran lesiva para la estabilidad económica de las empresas y un golpe directo a la producción nacional.
Representantes de diversas asociaciones de comerciantes calificaron la normativa como un abuso fiscal. Precisan que la misma introduce una nueva carga económica mediante la llamada “Contribución Especial”. Esto—según denunciaron— se traduce en un impuesto directo que agrava la ya precaria situación de las medianas y pequeñas empresas.
Los empresarios sostienen que la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos genera una doble tributación. Esto, debido a que los comercios ya realizan pagos por concepto de recogida de desechos sólidos a los ayuntamientos.
Los comerciantes reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en que no aceptarán la aplicación de una normativa que, según afirman, pone en riesgo la sostenibilidad de cientos de negocios, el empleo y la dinámica económica de la provincia.
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