La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) advirtió que la apertura de las importaciones de arroz podría afectar a miles de productores y familias que dependen de ese cultivo en República Dominicana.
El presidente de la entidad, Marcos Santana, afirmó que el país debe cumplir sus compromisos comerciales. Sin embargo, pidió al Gobierno implementar medidas que permitan a los productores nacionales competir en condiciones más equitativas.
Santana explicó que la ACIS, junto a otras 64 asociaciones aliadas, respalda las acciones anunciadas por las autoridades, aunque considera que resultan insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sector arrocero.
Entre las propuestas figuran financiamiento con tasas de interés viables, facilidades para renegociar deudas, mejoras en los sistemas de riego, mecanización agrícola, asistencia técnica y apoyo para comercializar la cosecha nacional.
Por su parte, Angelo Rodríguez, representante del sector arrocero en la ACIS, indicó que unas 330 mil familias dependen de esta actividad. Además, señaló que el país produce alrededor de 14 millones de quintales de arroz al año.
Rodríguez sostuvo que los agricultores dominicanos enfrentan elevados costos de energía y financiamiento, mientras compiten con importaciones procedentes de países que, según explicó, ofrecen subsidios y cuentan con mayores niveles de mecanización.
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La organización advirtió que un incremento de las importaciones sin suficientes medidas de apoyo podría reducir los ingresos de los productores y agravar su endeudamiento. También alertó sobre el riesgo de que pequeños y medianos agricultores abandonen la actividad.
Durante su intervención, uno de los representantes del sector cuestionó las consecuencias de liberalizar las importaciones sin establecer condiciones equitativas para la producción nacional. A su juicio, esa situación puede provocar desproporciones en los precios internos de un producto fundamental para la economía dominicana.
Asimismo, los representantes plantearon que las medidas de protección deben convertirse en políticas públicas con efectos inmediatos y objetivos a largo plazo. También solicitaron garantías de continuidad para evitar que las decisiones dependan únicamente de disposiciones administrativas que puedan modificarse posteriormente.
La ACIS propuso establecer una mesa de diálogo con la participación del Gobierno, los productores agrícolas, las factorías y los transportistas. El objetivo sería diseñar un plan permanente que incluya recursos, plazos y resultados verificables.
La entidad sostuvo que proteger la producción arrocera también implica preservar los empleos rurales. Asimismo, sostener la economía de las comunidades agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria del país.