Higüey.- El Concejo de Regidores de Higüey aprobó una resolución ordenando la paralización inmediata de varios proyectos inmobiliarios en la carretera La Otra Banda-Verón, distrito municipal La Otra Banda. Los proyectos afectados son Larimar City & Resort, Alta Vista Village II, Cruise on Land y Residencial Paradise City Residences.
Según los regidores, estas construcciones carecen de los permisos adecuados y recordaron que solo el Concejo Municipal tiene la autoridad para aprobar cambios de uso de suelo, conforme a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 6232 de Planificación Urbana y la Resolución 02-2021.
La resolución invita a los desarrolladores a comparecer ante el Concejo para regularizar su estatus legal. Asimismo, otorgó poderes al consultor jurídico Manuel Alejandro Chevallier para notificar a los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Medio Ambiente y Turismo, entre otras entidades, para que no otorguen permisos hasta que se cumpla con la normativa municipal.
Conflicto con el director municipal de La Otra Banda
Los regidores tomaron esta decisión debido a que el director municipal de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, presuntamente ha estado aprobando cambios de uso de suelo y cobrando arbitrios sin la autorización del Concejo Municipal.
Los ediles fundamentaron su decisión en el artículo 52 de la Ley 176-07 y en varias sentencias del Tribunal Constitucional, que establecen que la facultad para aprobar planes de desarrollo y otorgar permisos de uso de suelo es exclusiva de los municipios, no de los distritos municipales.
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Opinión del experto
El experto en municipalidad Julián Roa explicó que los distritos municipales no dependen de los ayuntamientos, pero la fiscalización de ambos recae en el Concejo Municipal. Aclaró que, aunque los distritos pueden brindar servicios, no tienen competencia legal para otorgar permisos de uso de suelo.
Roa enfatizó que, aunque los distritos buscan cobrar por estos permisos, la ley no les otorga esa facultad. Propuso que se establezcan acuerdos de distribución de ingresos entre ayuntamientos y distritos municipales para evitar conflictos y garantizar un ordenamiento territorial adecuado.
