SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) reenvió este viernes el juicio disciplinario a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, acusa de presunta corrupción.
La nueva fecha fue fijada para el próximo jueves 17 de este mes, a las 10:00 am, a fin de que el nuevo abogado de la jueza tome el conocimiento debido del expediente.
El magistrado Víctor Castellanos, consejero del Poder Judicial, fue quien presidió la audiencia de hoy.
A Reyes Beltré se le indicó que debe prepararse para en la referida fecha presentar su lista de testigos y de pruebas.
El tribunal respondió de este modo a la petición de la jueza de que se reenviara la audiencia ya que alegó que apoderó tarde del caso a su nuevo abogado, Enrique Santelises.
Sobre la suspendida jueza pesa una medida de coerción de arresto domiciliario.
Con este juicio se busca decidir si se destituye o no en su cargo a Reyes Beltré.
Reyes Beltré está acusada junta al ex miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, de integrar una red mafiosa de jueces que supuestamente negociaban sentencias.
También se le imputa recibir soborno para favorecer con la libertad al otrora regidor perredeísta por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una supuesta red de sicarios que habría ultimado a varios choferes.
De acuerdo al expediente acusatorio presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), valiéndose de su condición de miembro del Consejo del Poder Judicial, Arias Valera entregó RD$350, 000 a la suspendida jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Reyes Beltré, para dejar en libertad a De los Santos Solís, acusado de sicariato.
Agrega que el exconsejero también instruyó a la jueza para que se devolviera 20 millones de pesos a la sociedad Prado Universal Corp., empresa constructora de la torre Atiemar, vinculada al narcotraficante Arturo del Tiempo, lo mismo para la devolución de una aeronave secuestrada por la Fiscalía del Distrito Nacional debido a su vinculación con uno de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia.
Los tipos penales que sostienen la acusación son: asociación de malhechores, prevaricación y soborno. Indicó que cuentan con las pruebas necesarias que prueban la misma para lograr condena contra los acusados.
