Afirman rechazo de Morrison a contrato con Dekolor desató acosos y chantajes

Santo Domingo, RD.- El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la negativa del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a firmar una nueva adenda al contrato con Dekolor y su decisión de convocar a licitación para la emisión de las licencias, desató una verdadera ola de acosos judiciales, presiones y chantajes, con el fin de impedir el nuevo proceso.

Precisó que el titular del Intrant, Milton Morrison se negó en todo momento y con mucha firmeza, a la extensión del contrato, procediendo abrir un nuevo proceso.

“Milton tuvo la determinación de no firmar la adenda que le proponían, yo respaldé esa posición y le dije Milton no puedes firmar esa adenda, no importa que se venza el servicio de la licencia, llegue a decirle, si nos tenemos que quedarnos sin licencia porque está vencido el contrato, nos quedamos, pero no podemos firmar y Milton mostró mucha firmeza”, destacó Pimentel.

Explicó que el proceso de la nueva licitación estaba en etapa de ejecución, pero detenido hasta el próximo lunes 14 de julio. Esto debido a un recurso de amparo elevado por los representantes de la empresa Dekolor ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

En ese sentido, dijo esperar que los jueces del TSA dicten una decisión apegada a la sensatez, la objetividad y legalidad.

Pimentel reveló que los veedores y todos los vinculados al proceso de licitación reciben intimaciones judiciales. Agregó que se busca no llegar un a feliz término, “y quedaríamos a merced de los que quieran otros”. El funcionario habló en el programa “El Día” por Telesistema Canal 11.

La empresa Dekolor, S.R.L. tenía a su cargo la emisión de licencias de conducir. No obstante, durante la revisión del contrato y sus adendas se identificaron inconsistencias relacionadas con los precios y los servicios contratados. Además, se detectaron pagos realizados sobre la base de adendas no registradas en el sistema.

Recordó que el caso lo remitieron a la Procuraduría General de la República para determinar responsabilidades y la aplicación de las sanciones previstas por la ley.