El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), respondió este jueves al comunicado emitido por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, en el que ese órgano expresó su condena a “toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales” que, según afirman, sufrirían los ciudadanos haitianos residentes en territorio dominicano.
En una declaración oficial, la República Dominicana aseguró que comparte los principios universales del respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, pero recordó que, como todo Estado independiente, tiene el derecho soberano de aplicar sus leyes migratorias conforme a su Constitución.
“Las repatriaciones de nacionales haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, con apego a los procedimientos establecidos”, señaló el comunicado. También subrayó que estas acciones responden a la responsabilidad del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
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El texto oficial destaca que la grave crisis institucional, humanitaria y de seguridad que vive Haití ha provocado un aumento significativo de la presión migratoria hacia territorio dominicano. Frente a esta realidad, el gobierno afirma que ha sido necesario adoptar medidas preventivas proporcionales al nivel de riesgo, enfatizando que existe una amenaza real de que la violencia haitiana se expanda al país.
Asimismo, República Dominicana reafirma su compromiso con el combate a las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que consideran responsables de perpetuar ciclos de explotación y violencia.
Pese a las tensiones, el comunicado cierra con un llamado al diálogo: “Reiteramos nuestra voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y con las instituciones intergubernamentales pertinentes”.
La nota concluye recalcando que ninguna nación debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial ni a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio.
