SANTO DOMINGO, RD.- La República Dominicana es el primer país en autoevaluar la aplicación de las medidas de prevención de la corrupción administrativa contenidas en el Capítulo II de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), según la segunda ronda oficial del Mecanismo de Examen y Seguimiento realizado recientemente en el país.
La reunión de la CNUCC se desarrolló en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), de cara a la convocatoria de las instituciones gubernamentales, fiscalizadoras y de controles administrativos, como puntos focales en políticas anticorrupción del Estado dominicano.
Por parte de la DIGEIG órgano delegado para el cumplimiento y aplicación de los compromisos asumidos por el país, habló en primer orden George W. Koury, director ejecutivo, quien enfatizó sobre la importancia de los programas de prevención y lucha contra la corrupción e invitó a los representantes de las entidades involucradas a apoyar la iniciativa, para la consecución de los objetivos planteados por la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
En un mismo orden se expresó Virginia de Abajo Marqués, asesora Regional Anticorrupción de las Naciones Unidas para Centroamérica y el Caribe, quien saludó los esfuerzos de las oficinas gubernamentales, para promover las políticas de prevención y sanción de la corrupción en el Estado dominicano. Le acompañaron en esta ronda Begoña Gómez del Campo y Cristina Ritter, Jefa Oficina República Dominicana de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la técnica de la oficina de Panamá respectivamente.
El programa estuvo diseñado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC).
El mismo abarcó temas durante tres días de taller, los cuales se concentraron en tópicos como Políticas, Prácticas y Órganos de Prevención de la corrupción (Artículo 6), Sector Público y Artículo 8 sobre Códigos de Conducta para funcionarios públicos, Compras y Contrataciones Públicas y Gestión de Hacienda Pública, Información pública, Medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público, Participación de la Sociedad, entre otros.
